
En audiencia de imputación de cargos llevada a cabo el jueves 2 de febrero, el coronel (r) Benjamín Núñez se declaró culpable por el crimen de tres jóvenes en el corregimiento Chochó, Sucre, el 25 de julio de 2022.
El exmando de la Policía Nacional aceptó los cargos de homicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y privación ilegal de la libertad no solo por el asesinato de Carlos Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz Monterroza sino por presentarlos después como presuntos integrantes del Clan del Golfo. En medio de la diligencia, lloró mientras le pidió perdón a los familiares de las víctimas
De acuerdo con el acuerdo firmado con la Fiscalía, el señalado pagará una pena de 29 años y seis meses de prisión en establecimiento carcelario; además será testigo del ente acusador en este proceso en el cual han sido detenidos más de 10 uniformados, incluyendo patrulleros que fueron imputados por los delitos homicidio agravado, destrucción de elementos probatorios, privación ilegal de la libertad y tortura.
En esa medida, Núñez tendrá que declarar si hubo o no una posible participación del mayor Cristian Alberto Betancur, quien fue capturado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía —CTI— el 30 de enero mientras se encontraba en las instalaciones del comando de la Policía de Sucre entregando su oficina, pues iba a ser trasladado para dirigir el distrito del Golfo de Morrosquillo.
Defensa negó que Núñez tuviera privilegios en la cárcel
En diciembre de 2022 circuló una foto que mostraba al coronel (r) sentado en la cama de una celda de la prisión de Picaleña —en Ibagué—, donde se encuentra recluido. Dicha imagen, conocida por Semana, medio que aseguró que el exuniformado habría contado con privilegios, incluyendo un plan de alimentación especial, un teléfono de alta gama y visitas sin restricciones.
“Nunca se le han encontrado elementos de prohibida tenencia (...) No tiene un régimen alimenticio especial y simple y llanamente y que ha cumplido sus obligaciones como cualquier otro privado de la libertad”, indicó Sergio Ramírez, abogado del antiguo uniformado.
Sumado a eso, el director de la cárcel Picaleña, Miguel Ángel Londoño Rodríguez, indicó que le había dicho al abogado la nula existencia de elementos ilegales o alguna otra irregularidad en la celda del excoronel; sin embargo, advirtió en declaración recogida por Caracol Radio que seguirán adelantándose las investigaciones correspondientes para hallar posibles irregularidades.
A finales de 2022, la Procuraduría General de la Nación había argumentado que Núñez debe recibir una alta condena por su participación en los hechos cometidos el 25 de julio: “El Ministerio Público sí le solicita a la Fiscalía que investigue más a fondo todo esto que ocurrió en los hechos, porque hay versiones diferentes en todas esas declaraciones juramentadas”, añadió la funcionaria de la Procuraduría, pidiendo de paso celeridad a las pesquisas.
Sumado a eso, hicieron un recuento de la forma en que ocurrieron los hechos: “—los jóvenes— fueron subidos al platón de una camioneta de la Policía Nacional para ser transportados al centro asistencial y ser atendidos por las heridas, presentándose en el recorrido el presunto tiroteo contra los ciudadanos capturados”. En ese sentido, le atribuyeron a Núñez Jaramillo la autoría del triple homicidio.
El 10 de septiembre del mismo año, el fiscal del caso señaló en audiencia que el coronel estaba en plena capacidad de sus funciones mentales y era totalmente consciente de que sus acciones contra los tres fallecidos eran ilegales: no podía detenerlos ni asesinarlos, incluso en el caso de que estuvieran involucrados en alguna actividad delictiva.
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