Trump intensifica el conflicto con Brasil y ataca su economía y política

El presidente Trump anunció el miércoles un gravamen del 50 por ciento para el país y sanciones para el magistrado que supervisa la causa penal contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Estados Unidos cumplió sus amenazas de aplicar aranceles del 50 por ciento a Brasil dos días antes de lo previsto y sancionó al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil que supervisa la causa penal del expresidente Jair Bolsonaro.

La doble medida demostró que, justo cuando los funcionarios brasileños buscaban el diálogo, la Casa Blanca intensificaba bruscamente la crisis diplomática cada vez mayor entre las dos naciones más pobladas del hemisferio occidental.

Los aranceles contra Brasil son los más elevados que el presidente Trump haya impuesto este año, aunque excluyen muchas de las exportaciones clave de Brasil a Estados Unidos, como aviones comerciales, productos energéticos y jugo de naranja.

Las acciones contra Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, constituyen un uso muy poco habitual de algunas de las sanciones más graves contra los derechos humanos de que dispone el gobierno estadounidense.

Trump ha lanzado esta ofensiva contra Brasil debido a lo que califica de una persecución política contra su aliado, Bolsonaro, y a la censura ilegal de voces conservadoras en internet. En una orden ejecutiva firmada el miércoles, señaló que las acciones del gobierno de Brasil y del Supremo Tribunal Federal "amenazan la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene semanas desafiando públicamente a Trump, incluso en una entrevista concedida a The New York Times publicada horas antes de que las acciones gubernamentales estadounidenses entraran en vigor el miércoles.

"Creo que es importante que el presidente Trump lo tenga en cuenta: si quiere tener una pelea política, tratémoslo como una pelea política", dijo Lula al Times. "Si quiere hablar de comercio, sentémonos y hablemos de comercio. Pero no se puede mezclar todo".

Trump ha exhortado a Brasil que retire los cargos contra Bolsonaro, a quien se acusa de orquestar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Lula y el juez De Moraes se han comprometido a no permitir que Trump interfiera en el proceso judicial de Brasil.

El martes, Lula declaró a The New York Times que su gobierno había estado estudiando la posibilidad de imponer aranceles de represalia contra algunos productos estadounidenses si Trump cumplía sus amenazas. Ahora se enfrenta a la decisión de iniciar o no una guerra comercial contra el segundo socio comercial de Brasil, después de China.

El año pasado, Estados Unidos tuvo un superávit comercial de 7400 millones de dólares con Brasil, sobre unos 92.000 millones de dólares de comercio.

Los esfuerzos de Trump para ayudar a Bolsonaro pronto podrían traducirse en precios más altos para artículos como el café y la carne de res, productos que proceden, de manera significativa, de Brasil.

Sin embargo, su orden ejecutiva del miércoles también afirmaba que muchos productos estarían exentos del gravamen. Estados Unidos importa aproximadamente el 90 por ciento de su jugo de naranja fresco de Brasil, que no se verá afectado por los nuevos aranceles.

Más del 40 por ciento de las exportaciones brasileñas quedarían exentas de los aranceles, según estimaciones de la Cámara de Comercio Estadounidense en Brasil.

Los gravámenes entrarán en vigor dentro de una semana, pero las mercancías que ya estén en tránsito quedarán exentas de impuestos si llegan a Estados Unidos antes del 5 de octubre, según la orden ejecutiva.

Las sanciones del Departamento del Tesoro contra De Moraes revocarían su visado estadounidense y congelarían cualquier activo estadounidense, además de prohibir en general a muchas instituciones financieras realizar transacciones con él. Sin embargo, el Departamento de Estado ya le había revocado el visado este mes, y De Moraes no tiene cuentas bancarias ni activos financieros en Estados Unidos, según una portavoz del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Dadas las exenciones arancelarias considerables, las medidas del miércoles podrían acabar siendo menos paralizantes de lo que parecen, pero son una clara señal del gobierno de Trump de que está preparado para una confrontación con Brasil.

Las sanciones contra De Moraes se dictaron en virtud de la Ley Global Magnitsky, una medida destinada normalmente a castigar a extranjeros acusados de graves violaciones de derechos humanos o de corrupción.

"De Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesamientos politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado de prensa.

A través de un comunicado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil defendió al juez De Moraes y dijo que el caso contra Bolsonaro implica un "grave ataque a la democracia brasileña", que corresponde a "la jurisdicción exclusiva" de los tribunales del país.

En una nota publicada el miércoles por la noche, Lula calificó de "inaceptable" la injerencia de la Casa Blanca en el poder judicial de su país, pero afirmó que Brasil sigue "dispuesto a negociar los aspectos comerciales de su relación con Estados Unidos".

"La motivación política que subyace a las medidas contra Brasil viola la soberanía nacional y la relación histórica entre ambos países", afirmó Lula.

De Moraes se ha convertido quizá en la figura más divisiva de Brasil. Durante años, ha actuado como control central sobre Bolsonaro y sus aliados de derecha, muchos de los cuales atacaron las instituciones de Brasil y afirmaron que las elecciones de 2022 estaban amañadas, a pesar de la falta de pruebas. Por ejemplo, cuando la policía de tránsito brasileña detuvo a autobuses llenos de votantes en bastiones políticos de izquierda el día de las elecciones de 2022, fue De Moraes quien le ordenó a la policía que los dejara pasar.

Pero en su lucha por proteger la democracia, a veces también se ha considerado que ha tomado medidas autoritarias.

Ha ordenado unilateralmente a las empresas tecnológicas que elimien cientos de cuentas de redes sociales populares porque, afirmó, amenazaban la democracia, pero se ha negado a revelar de qué manera. Ha encarcelado a personas sin juicio previo por amenazas publicadas en internet. Y ha presidido casos en los que fue, de hecho, juez y fiscal.

Sin embargo, muchas de sus decisiones también han sido respaldadas por la mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal, quienes han dicho que sus poderes extraordinarios son necesarios para luchar contra una amenaza extraordinaria para la democracia brasileña.

Las maniobras lo han convertido en un objetivo. En Brasil, ha habido intentos fallidos de asesinato contra él. En Estados Unidos, el multimillonario Elon Musk lo criticó durante meses por sus órdenes contra X. Y, ahora, la Casa Blanca lo ha incluido en una lista de sanciones compartida por muchos de los peores violadores de los derechos humanos del mundo.

El martes, Lula dijo que los esfuerzos de Estados Unidos por atacar a De Moraes eran una violación peligrosa de la democracia brasileña.

"El Supremo Tribunal de un país tiene que ser respetado no solo por su propio país, sino también por el mundo", dijo. "Yo nunca cuestionaré a alguien de la Corte Suprema de Estados Unidos".

Rubio, quien planteó por primera vez la idea de imponer sanciones a De Moraes en junio, dijo que el magistrado brasileño había sido objeto de sanciones económicas porque había cometido "graves abusos contra los derechos humanos".

"Que esto sirva de advertencia a quien quiera pisotear los derechos fundamentales de sus compatriotas: las togas judiciales no pueden protegerlos", escribió en redes sociales.

Los intentos agresivos de Trump de ayudar a Bolsonaro se producen apenas unas semanas antes de que el expresidente brasileño se disponga a ser juzgado por cargos de intento de golpe de Estado.

Los fiscales brasileños afirman que Bolsonaro intentó anular la votación de 2022, desmantelar los tribunales y otorgar poderes especiales a los militares. Y, quizá la acusación más grave, la policía afirma que la conspiración incluía un plan para asesinar a Lula y a De Moraes.

Bolsonaro ha negado tener conocimiento de un plan de asesinato, pero admite haber estudiado "formas dentro de la Constitución" para aferrarse al poder tras las elecciones.

Después de que Bolsonaro dejara el cargo, miles de sus partidarios saquearon edificios gubernamentales en la capital de Brasil, en un episodio que recordó los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense.

Bolsonaro ha sugerido que la inmunidad judicial, para él y sus aliados, es el camino hacia una tregua económica con Estados Unidos. Los legisladores afines a Bolsonaro están impulsando un proyecto de ley de amnistía, aunque es muy probable que Lula lo vete.

Las medidas estadounidenses suponen una importante victoria para Bolsonaro, quien podría enfrentarse a décadas de prisión si es declarado culpable.

Durante meses, Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, ha estado presionando a la Casa Blanca para que aplique sanciones contra De Moraes y otros jueces, argumentando que el Supremo Tribunal Federal de Brasil está atacando injustamente a su padre y a otros miembros del movimiento derechista del país.

"Hoy es un día histórico", dijo Eduardo Bolsonaro en un comunicado, agradeciendo a Trump y a Rubio, por haber tenido el "valor" de aplicar sanciones contra el magistrado. "Les estaré eternamente agradecido por este acto".