Al menos 50 manifestantes del Partido Aprista Peruano llegaron este jueves hasta la Plaza de Armas de Lima para protestar contra el gobierno de Pedro Castillo, denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por liderar una supuesta organización criminal.
La hija mayor del expresidente Alan García, Carla, se encontraba entre los manifestantes que se enfrentaron a un cordón policial con el objetivo de llegar a inmediaciones de Palacio de Gobierno. También estaba Ricardo Pinedo, exsecretario personal de exlíder aprista.
Según imágenes difundidas por Canal N, minutos después arribaron simpatizantes del mandatario, razón por la que se suscitó un enfrentamiento.
“Estamos aquí por las evidencias contra Pedro Castillo citadas dentro del informe de la fiscal [Benavides] y las circunstancias de podredumbre dentro de Palacio, es momento de que los peruanos recuperemos nuestra dignidad”, dijo García.
Apostados con banderas y cacerolas, los protestantes lanzaban arengas como “Castillo delincuente”, “La plaza es de todos y no de los corruptos” o “Fuera Castillo”. Los efectivos lograron replegarlos hasta la pileta de la plaza.
“Nunca en la historia del Perú hemos encontrado un gobierno podrido y corrupto. No son ‘decires’, sino hay depósitos, versiones, registros quemados. Nada más tenemos que esperar”, señaló Pinedo y adelantó que Apra está a punto de reinscribirse.
Denunciado
La denuncia, de 375 páginas, imputa al jefe de Estado por ser el presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión (fraude) y se extiende a dos de sus exministros, Juan Silva y Geiner Alvarado, también investigados en este caso, que salpica el entorno más íntimo del mandatario.
Tras sustentar la supuesta existencia de una presunta banda criminal en el Ejecutivo, el documento dedica sus últimas diez páginas al planteamiento de la fiscal, que pide al Congreso que haga una “interpretación” de las normas del derecho interno con las supranacionales.
Con este movimiento, la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dejó en manos del Parlamento, dominado por la oposición, el destino de la acusación contra el mandatario, que desde que asumió el poder en julio del año pasado acumula seis investigaciones preliminares de supuestos casos de corrupción.
En rigor, el artículo 117 de la Constitución peruana establece que el presidente del país solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, que no contemplan los delitos de corrupción.
En esa línea, Benavides plantea recurrir al artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, alegando que es un tratado vigente de derechos humanos, obligatorio para el Estado peruano.
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