Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

¿Qué tema marca la conversación pública en América Latina? Por años, las discusiones y análisis se centraron en inflación, devaluación, crecimiento económico o reformas del Estado. Hoy es claro que el eje de la discusión política se ha desplazado, convirtiendo a la seguridad en la protagonista del debate, la principal preocupación de los ciudadanos y, cada vez más, el factor decisivo de las elecciones.

No se trata de un fenómeno aislado. Es la expresión acumulada de una realidad: el avance del crimen organizado, la expansión de economías ilegales y la pérdida progresiva de control territorial por parte del Estado en todo el continente. Frente a esto, el ciudadano ha cambiado su prioridad. Ya no busca únicamente promesas de desarrollo. Exige algo más básico y urgente: poder vivir sin miedo.

Las campañas políticas han respondido a esta demanda. Desde la narrativa de “law and order” que fue uno de los temas centrales de las campañas de Donald J. Trump en Estados Unidos, hasta la elección de Daniel Noboa en Ecuador, la propuesta de José Antonio Kast en Chile, y el debate actual en Perú, el patrón es evidente. Los votantes están premiando a quienes ofrecen orden, control y resultados, y están castigando la ambigüedad, la indecisión o la incapacidad de confrontar al crimen.

Es precisamente a partir de la centralidad de este tema que se ha construido el caso de éxito de El Salvador, que en pocos años pasó de ser el país más violento del mundo a convertirse en un referente regional de recuperación de la autoridad estatal, la reducción de los índices de criminalidad y la disuasión contra las estructuras criminales. Zonas enteras que antes vivían bajo el control de pandillas y maras, hoy muestran actividad económica y una sensación de normalidad que parecía impensable hace pocos años. Este resultado en materia de seguridad es el que explica la fuerza político–electoral del presidente Nayib Bukele.

A pesar de esta innegable transformación, sería un error asumir que existe una receta salvadoreña replicable. Lo que observamos, y que constituye una lección valiosa, es una combinación de factores específicos. Basado en la experiencia comparada y en los años de seguimiento a este tema desde mi rol en la Casa Blanca, destaco tres conclusiones fundamentales para enfrentar el problema de la inseguridad.

Marco legal. La lucha contra el crimen exige políticas públicas y herramientas legales que, de manera efectiva, disuadan la actividad criminal, castiguen apropiadamente a aquellos que cometan delitos, y reduzcan la probabilidad de reincidencia. Durante décadas, los países de la región enfrentaron estructuras criminales complejas con herramientas jurídicas obsoletas: tipos penales simples y delitos individuales. El resultado fue un desbalance evidente: organizaciones con jerarquías, control territorial y capacidad de intimidación masiva frente a sistemas legales débiles, fragmentados y lentos. Lo que sucede en el mundo de hoy exige reformas sustantivas y procesales que permitan perseguir a organizaciones completas, responsabilizar cadenas de mando y agilizar la respuesta del sistema de justicia. Incorporar delitos complejos y abordar temas que van desde la violencia común hasta el cíber crimen. No se trata únicamente de endurecer penas; hay que hacer viable la acción estatal frente a una realidad criminal distinta.

Infraestructura. Garantizar el orden público requiere no solo herramientas legales, sino también recursos y herramientas físicas que le permitan a las fuerzas del orden hacer su trabajo. Hacen falta buenos equipos de protección, armamentos y tecnología. No se puede enviar a un policía a patrullar las calles en bicicleta o a un soldado a un campo de batalla con un cuchillo. Hay que equiparlos con los vehículos, las armas y las tecnologías más efectivas y sofisticadas. También hay que pagarles bien: a los militares, a los policías, a los fiscales, a los jueces, y a todos los funcionarios públicos encargados de nuestra seguridad.

Igualmente, se requieren centros de rehabilitación y cárceles bien diseñadas, construidas y supervisadas, con los controles de seguridad más avanzados y estrictos. En un mundo de crimen transnacional, híper conectado y tecnificado, la seguridad también exige inteligencia criminal, integración de bases de datos, sistemas de identificación, análisis de información y profesionalización de los agentes estatales que intervienen en todas las etapas. Es el paso de una lógica reactiva a una estrategia basada en anticipación y conocimiento. Sin estas capacidades, incluso el mejor marco legal queda reducido a una declaración de intenciones.

Actitud. Si bien la lucha contra el crimen requiere herramientas legales que deben pasar por un proceso político y herramientas físicas que necesitan presupuesto, hay un tercer ingrediente que es imprescindible y, afortunadamente, gratis: una actitud adecuada –una actitud implacable contra el crimen, equipada con las “herramientas mentales” necesarias para enfrentar al problema de una manera contundente. Llámese liderazgo, convicción o carácter, me refiero a la certeza inquebrantable de los tomadores de decisiones y de la sociedad en general que el objetivo de recuperar la seguridad no es negociable.

Tiene que quedar claro que el Estado existe, primero, para proteger a quienes cumplen la ley; que su prioridad está en los derechos de las víctimas, no de los victimarios. Los cambios legislativos, las políticas públicas, la asignación de recursos, todas envían señales. Definen a quién se protege primero y a quién se coloca en el centro de la acción estatal. Esto fue lo que más me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de compartir experiencias con el Ministro de Seguridad de El Salvador en el curso ejecutivo que el Adam Smith Center for Economic Freedom organizó hace poco en Lima, Perú. El Ministro Villatoro expuso sin ambages una idea importante: quien despoja de humanidad a sus víctimas, debe ser tratado en consecuencia. Quien va en contra de los derechos de los otros, perderá los propios, y el Estado es el encargado de que eso se cumpla.

Cuando esta idea se toma en serio, el Estado deja de ser neutral y su mensaje debe ser claro: la prioridad es proteger y defender a quien cumple la ley, a quien respeta la vida, la integridad, la propiedad. Son esas personas las que están en el centro de la acción estatal. No es normal vivir con miedo, o que los ciudadanos inocentes vivan encarcelados en sus propias casas. Pagar extorsiones no es el costo de hacer negocios. Los jóvenes deben saber que sus opciones y su futuro están en la legalidad.

Las críticas a las políticas de “mano dura” han planteado una falsa disyuntiva: como si el legítimo debido proceso de un investigado debiera debilitar la protección de las víctimas y quienes cumplen la ley. El desafío real no es elegir entre uno u otro, sino restablecer el equilibrio. El Estado debe garantizar los derechos humanos de quien los respeta en sus pares y debe usar la fuerza legítima para asegurar que así suceda. Los ciudadanos están reorganizando el mapa político a favor de quienes estén en esa línea, y lo hacen con toda razón.

*El autor es empresario, estratega político y exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca. Es el Director Fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.