La política arancelaria de Trump y la decisión de la Corte Suprema

Esta noche, el Presidente Donald J. Trump presentará su primer discurso del Estado de la Unión (y su segundo discurso frente a una Sesión Conjunta del Congreso de los Estados Unidos) desde que regresó a la Casa Blanca. Este importante evento, al que están invitados todos los miembros del Congreso y la Corte Suprema, y el cual recibirá una enorme atención mediática, se lleva a cabo tan solo cuatro días después de que la Corte dictaminó en contra de la potestad del Presidente para utilizar lo que ha sido una de sus herramientas más poderosas de política exterior durante el primer año de su segundo gobierno: los aranceles. Es así como la política arancelaria del presidente Trump regresa al centro de la atención nacional e internacional.

Algunos comentan que la decisión de la Corte ha sido el revés más importante que ha recibido la administración, otros la presentan como la decisión más trascendente del período Roberts. No coincido con ninguna de esas lecturas. Sin duda es una decisión adversa para el Presidente, y la Casa Blanca habría preferido otro resultado. Pero la decisión está muy lejos de cerrar este capítulo y, como ya lo anunció el presidente Trump, insistirá con esta política, y lo más probable es que prevalezca.

Para sostener esta tesis, debemos entender la lógica estratégica de los aranceles, saber exactamente qué decidió la Corte y analizar qué viene ahora.

Aranceles: mucho más que una herramienta económica

Los aranceles de la política America First han desatado intensos debates dentro y fuera de Estados Unidos. Sus partidarios los ven como un acto de recuperación soberana; sus críticos, como un error proteccionista. Pero reducirlos a una discusión técnica de comercio internacional es no entender su naturaleza. La política arancelaria de Trump se puede entender fácilmente en función de cinco ejes principales.

1. En el núcleo de la política arancelaria del Presidente hay una exigencia de reciprocidad. Desde los años 80, Donald Trump ha sostenido consistentemente que Estados Unidos ha sido desfavorecido —o “ripped off”, para usar sus propias palabras— por un sistema comercial que toleró asimetrías persistentes: mercados abiertos aquí, barreras allá. Para Trump, la pregunta no es académica sino absolutamente pragmática: si un país grava nuestros productos, ¿por qué no responder en la misma medida? Sus aranceles buscan nivelar el terreno de juego. No es solo economía; es una noción de justicia recíproca para él.

2. La seguridad nacional es otro elemento esencial de su estrategia. La pandemia de COVID-19 expuso la fragilidad de cadenas de suministro excesivamente dependientes de rivales estratégicos, particularmente China. Para Trump, los déficits comerciales no son una estadística contable sino una vulnerabilidad geopolítica. Reconstruir capacidad industrial en acero, aluminio, microcomponentes o insumos médicos, entre otros, no es nostalgia manufacturera; es autonomía estratégica y una línea de defensa contra amenazas externas.

3. A ello se suma un componente cultural y político profundo. La globalización generó crecimiento agregado, sin dudas, pero dejó un gran impacto negativo en comunidades industriales enteras. Para el obrero automotriz de Michigan o el trabajador metalúrgico de Ohio, las curvas de eficiencia global no compensan la pérdida de empleo y tejido social. Los aranceles son, en esa lógica, un instrumento de reconstrucción nacional y un mensaje político: el Estado vuelve a alinearse con quienes producen dentro del país y se pronuncia a favor de restaurar la dignidad del trabajo en su corazón industrial.

4. Es innegable que desde el punto de vista fiscal, los aranceles representan una fuente de ingresos muy importante para la administración. Solo en el 2025, el gobierno de Estados Unidos recaudó más de 287 mil millones de dólares en aranceles, según el Departamento del Tesoro. Esta inyección de fondos constituye, para Trump, una victoria tangible, con potencial para reducir el déficit nacional o financiar prioridades domésticas (interesantemente, la Corte no definió qué va a pasar con esos fondos a raíz de su decisión. Lo que si sabemos es que ya ha generado una gran cantidad de procesos legales para su devolución, lo que pudiera tener un impacto fiscal enorme para el país).

5. Los aranceles son una herramienta de negociación —herramienta que ha forzado a decenas de países, bloques comerciales y empresas a sentarse a negociar con la administración Trump. Para el Presidente, los aranceles no solo reflejan una convicción estratégica profunda, sino también una táctica eficaz para obtener concesiones que, de otro modo, resultarían inalcanzables para un liderazgo más complaciente. Es por eso que para el Presidente, el arancel no es solo una medida económica; es una palanca diplomática.

Para poder evaluar el impacto de la decisión de la Corte, y lo que sigue, es necesario entender primero el por qué de la política arancelaria del presidente Trump. No se trata de afirmar que los aranceles sean intrínsecamente buenos o malos, sino de reconocer que quienes los reducen a simples errores económicos ignoran su lógica y valor estratégico. Con este trasfondo, podemos entender mejor el posible impacto de la decisión de la Corte y lo que pueda generar en adelante.

¿Qué decidió la Corte Suprema de los Estados Unidos?

La Corte no declaró inconstitucional la política arancelaria en sí misma. Lo que hizo fue mucho más técnico y, al mismo tiempo, institucionalmente significativo.

El Presidente de la Corte, John Roberts, afirmó que el presidente Trump argumentó una “facultad extraordinaria para imponer aranceles de cantidad, duración y alcance ilimitados”, y que para ejercer un poder de tal magnitud debía identificar una autorización clara del Congreso. La Corte sostuvo que la ley invocada, la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), no otorga esa autoridad.

Aquí entra en juego la llamada “doctrina de las cuestiones mayores”. Según esta línea jurisprudencial, cuando el Ejecutivo pretende ejercer una potestad con enormes implicaciones económicas o políticas, no puede basarse en interpretaciones amplias o implícitas de una norma general; necesita una delegación explícita del Congreso. La Corte concluyó que la IEEPA, concebida para sanciones económicas en emergencias internacionales, no autoriza la creación de un régimen arancelario general.

Es crucial entender lo que el fallo no dice. No afirma que el Presidente carezca de facultades arancelarias. No invalida todos los instrumentos de política comercial. El juez Kavanaugh, en su opinión disidente, sintetizó bien la situación al señalar que la decisión de la Corte solo afirma que Trump “checked the wrong statutory box” (marcó el recuadro equivocado). En su opinión, el juez incluso enumeró otras leyes vigentes que bien podrían servir de fundamento legal, como disposiciones de la Ley de Comercio de 1974 o mecanismos vinculados a seguridad nacional.

En otras palabras: la Corte no cerró la puerta para que Trump imponga aranceles; solo indicó cuál no es la puerta correcta.

¿Qué viene ahora?

Lo que viene ahora es previsible. Trump buscará, y seguro encontrará, el “recuadro correcto”.

La decisión de la Corte abrirá años de litigios y debates académicos sobre la separación de poderes, los límites del poder presidencial, la delegación legislativa y la doctrina de las cuestiones mayores, entre otros temas. Pero en términos políticos inmediatos, la administración reconfigurará la base legal de sus aranceles en cuestión de días o semanas.

No existe escenario plausible en el que Trump renuncie voluntariamente a una herramienta que ha utilizado con determinación y que considera central para su proyecto. Los aranceles no son una política marginal: son parte estructural de su visión de soberanía económica, seguridad nacional y negociación estratégica.

Si algo ha demostrado el primer año de esta segunda administración Trump es que la política arancelaria no es improvisación. Es convicción. Y cuando una política responde a convicciones profundas, no a cálculos pasajeros, los obstáculos judiciales rara vez significan el final del camino.

La Corte recordó que el poder debe ejercerse dentro del marco legal adecuado. Trump, previsible y pragmáticamente, ajustará la ruta. El debate no termina aquí; solo entra en una nueva fase.