Punto de inflexión geopolítico y moral en América Latina

Lo ocurrido en Venezuela constituye un punto de inflexión que trasciende ampliamente su ámbito interno. Durante años, el progresivo debilitamiento de la institucionalidad, la restricción de libertades y la anulación de la voluntad popular generaron un colapso del Estado, cuyas consecuencias no se limitaron a su territorio, sino que se proyectaron sobre toda la región.

El éxodo venezolano ha sido uno de los más significativos de la historia contemporánea. No se trató de una migración voluntaria, sino de un desplazamiento forzado por la crisis política, social y económica derivada del autoritarismo que socavó por completo la institucionalidad. Como ocurre cuando un país es destruido desde el poder, junto con la fe y la esperanza también se trasladan resentimientos, tensiones y fracturas sociales.

En distintos países de América Latina, y por supuesto en el Perú, este fenómeno ha quedado asociado en el debate público a un incremento de la percepción de inseguridad y a hechos criminales particularmente graves. Dicha percepción, justificada o no en cada caso concreto, no surgió de manera espontánea, sino como reflejo de una crisis exportada por un Estado colapsado. Desconocer la preocupación ciudadana sería irresponsable; convertirla en estigmatización colectiva, también. La seguridad de los ciudadanos es un deber irrenunciable del Estado, pero la raíz del problema no está en la migración en sí misma, sino en el régimen que destruyó las condiciones básicas de convivencia y expulsó a millones de personas de su país.

Dentro de Venezuela, la situación fue aún más grave. Durante años se registraron detenciones arbitrarias, persecución sistemática contra la oposición política, o simplemente contra aquellos que pensaban distinto, a ello se suma un gran número de desapariciones forzadas, incluso de menores de edad, esto bajo la indiferencia de instituciones que dejaron de cumplir su función esencial de protección. Estos hechos no fueron aislados ni accidentales, sino parte de un modelo de poder sostenido por el fraude, el abuzo, la represión, la violación a los derechos humanos y sobre todo la impunidad.

Hablar de “gobierno venezolano” en este contexto resulta impreciso y hasta alargador para el régimen tirano. No hubo elecciones libres ni respeto a la voluntad popular. Lo que existió fue una usurpación del poder que terminó por afectar profundamente la vida, la libertad, el desarrollo y la cohesión social del país.

De esta experiencia se desprende una convicción clara que debemos internalizar los países libres, las dictaduras, cualquiera sea su origen o signo, nunca generan bienestar ni estabilidad duradera. Sean ideológicas, personalistas o militares, todas terminan debilitando a las naciones y dejando heridas institucionales que requieren décadas para cerrarse.

Este escenario obliga también a una reflexión más amplia en la región. La erosión de la democracia no siempre comienza con rupturas abiertas; en muchos casos se inicia cuando se debilitan los equilibrios entre poderes, se utilizan las reglas de manera instrumental y a conveniencia política o se normalizan prácticas excepcionales. La consecuencia de estas prácticas derivan en generar una institucionalidad más frágil donde la confianza ciudadana disminuye y se abren espacios para discursos radicales que prometen soluciones simples a problemas complejos y que en realidad pueden llevar a acabar con la libertad.

Hoy se abre la posibilidad de una transición democrática en Venezuela. Dicho proceso debe orientarse al restablecimiento pleno del orden constitucional, la liberación de los presos políticos y el respeto efectivo del derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro sin miedo ni imposiciones. Al mismo tiempo, esta etapa exige un compromiso claro con la justicia y la rendición de cuentas. Las graves vulneraciones a los derechos humanos y el daño causado a la sociedad venezolana no pueden quedar en la impunidad. Ello incluye no solo a quienes ejercieron directamente el poder, sino también a aquellos actores que, desde fuera de sus fronteras, brindaron respaldo político, legitimación o silencio frente a los abusos.

Hoy, más allá de la coyuntura política, es imposible no pensar en el pueblo venezolano, en las familias separadas, en quienes resistieron en silencio, en quienes tuvieron que partir dejando atrás su hogar, y en quienes permanecieron esperando que la historia no los olvidara. Venezuela no es su tragedia, ni su régimen, ni sus años de dolor; Venezuela son sus ciudadanos, su dignidad intacta y su esperanza persistente. A ellos corresponde hoy el acompañamiento sincero de la región y el respeto pleno a su derecho a reconstruir su país en libertad. Fuerza Venezuela. Que nunca más la voz de un pueblo sea silenciada por el miedo ni por el abuso del poder.

Para el Perú, y para la región en su conjunto, este momento adquiere especial relevancia en un contexto preelectoral. La experiencia venezolana debe servir como advertencia democrática, no se puede poner en riesgo la institucionalidad ni relativizar la libertad. Al mismo tiempo, la defensa de la democracia no puede desligarse de la atención a las legítimas demandas sociales ni de la lucha efectiva contra la pobreza y la desigualdad.

La democracia exige orden, seguridad y crecimiento, pero también sensibilidad frente a los sectores más vulnerables. Y, sobre todo, exige una convicción básica; a menor institucionalidad, menor libertad. Allí donde las reglas se debilitan, el poder tiende a concentrarse; y donde el poder se concentra, la libertad comienza a desaparecer. Cuando la libertad se pierde, se pierde la voz, se pierde la dignidad y se pierde el futuro. Y un país sin futuro es un país que ha renunciado a sí mismo.