Estados Unidos pone fin a la impunidad: la caída de la dictadura venezolana

Nuestro hemisferio hoy no es el mismo que ayer. ¡Para bien! Por meses, Estados Unidos ha llevado a cabo un despliegue naval sin precedentes en las aguas del Caribe, a un costo que se calcula en varios cientos de millones de dólares. El Presidente Donald J. Trump no hubiera hecho eso solo por show, como muchos han dicho.

Él mismo repitió en reiteradas ocasiones que iba a actuar y que la situación en Venezuela era insostenible, anunciando públicamente sus conversaciones y el ultimátum que le dio al dictador venezolano Nicolás Maduro, ofreciéndole “múltiples salidas” y enfatizando que el narcotráfico debía cesar y los recursos saqueados debían ser recuperados. El mundo ahora se está dando cuenta lo que ya sabemos todos los que conocemos a Trump: es un hombre extraordinariamente transparente que hace lo que dice y dice lo que hace, gústele a quien le guste.

Es así como esta mañana Estados Unidos ejecutó la operación Absolute Resolve, bajo la dirección del Presidente Trump, la decidida y acertada asesoría del Secretario de Estado, Marco Rubio, y el profesionalismo de la cúpula militar de nuestro país. Con precisión quirúrgica y, en menos de tres horas, el dictador Maduro y su esposa fueron detenidos.

No se trata solo de una acción táctica exitosa, sino de una determinación política de alto impacto: Estados Unidos decidió actuar donde durante años predominó la inercia y la complicidad. Maduro es el responsable de la continuidad de un régimen que ha sometido a Venezuela por casi tres décadas. Hoy cayó ese régimen y se abre un nuevo momento para el país y para el hemisferio.

¿Qué significa esta extracción para América Latina?

Una acción militar externa no es una respuesta ideal para ningún conflicto político, pero debemos aceptar que la situación en Venezuela es verdaderamente excepcional y va mucho más allá de un conflicto meramente político. Los Estados Unidos y la comunidad internacional agotaron, sin éxito, todo tipo de alternativas posibles. En ese contexto, una intervención defensiva es legítima y necesaria ante la amenaza híbrida que el régimen representaba para la seguridad hemisférica y para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

La captura del dictador no es un evento aislado ni con implicaciones exclusivamente locales: es un punto de inflexión hemisférico y de consecuencias en el escenario de la geopolítica mundial. Durante décadas, América Latina ha convivido con un modelo perverso: regímenes autoritarios que, aun violando masivamente los derechos humanos y capturando al Estado, permanecían intocables aún al tiempo en que se convertían en graves amenazas para la seguridad y la estabilidad hemisférica. Esa lógica se rompe.

El mensaje es inequívoco: la soberanía no es un escudo para el crimen organizado ni para el terrorismo global. La región entera, desde Norteamérica hasta el Cono Sur, recibe una señal de disuasión real. Por primera vez en mucho tiempo, la ecuación de costos cambia para quienes usan el poder político como plataforma criminal.

La extracción del dictador también redefine la arquitectura de seguridad regional. Venezuela ha operado por décadas como centro logístico del narcotráfico, del crimen organizado y de regímenes terroristas de éste y de otros continentes, con efectos directos e indirectos en los Estados Unidos. Al desmontar el centro de gravedad de este sistema, se abre la posibilidad de contener una expansión criminal que ha desfigurado a América Latina en la última década. También es un claro mensaje para los enemigos y adversarios de los Estados Unidos que llevan años atacando a su intereses desde ese territorio.

Escenarios para la transición

En su rueda de prensa para anunciar al mundo la operación, el presidente Trump ofreció algunas indicaciones iniciales sobre los próximos pasos. Señaló que Estados Unidos asumirá responsabilidades mientras sea necesario para asegurar la estabilidad del país y facilitar el traspaso al gobierno nacional legítimo. Asimismo, advirtió que su administración está preparada para una segunda fase de intervención militar si las circunstancias lo exigieran.

A diferencia de otros colapsos autoritarios, Venezuela cuenta con un activo crucial: un gobierno electo que constituye una alternativa política reconocida, legítima y con respaldo internacional. Una transición viable deberá estructurarse de manera simultánea en los planos político, institucional y de seguridad. Resulta indispensable que el proceso no paralice el funcionamiento de los servicios públicos y que el gobierno legítimo establezca de inmediato un esquema claro de subordinación de los funcionarios estatales civiles y, de manera particular, de las fuerzas armadas y policiales.

Con la eliminación del dictador, ahora comienza un complicado proceso de transición, la cual debe ser pacífica, democrática y plenamente respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano. Debe construirse sobre la verdad, la justicia y la reparación; la restitución de derechos, el respeto a las instituciones democráticas y la participación libre de los ciudadanos.

Solo un proceso ordenado y legítimo permitirá cerrar el ciclo de la dictadura y devolver a Venezuela la posibilidad de decidir su futuro en libertad. Desde el Adam Smith Center for Economic Freedom en la Florida International University hemos trabajado en un plan de transición y contamos con una red de líderes hemisféricos con amplia experiencia, provenientes de distintas tradiciones políticas, listos para aportar a este proceso histórico.

La operación Absolute Resolve está absolutamente justificada y era necesaria

Desde el punto de vista de Estados Unidos, esta acción militar constituye un acto de legítima defensa. Se trata de una respuesta necesaria y proporcional frente a una amenaza grave y sostenida contra su seguridad nacional, derivada de redes criminales y terroristas que operaron durante años con la tolerancia y complicidad de un Estado capturado. El territorio venezolano ha sido usado por décadas para operaciones de narcotráfico y criminalidad transnacional y ningún medio ha sido efectivo para enfrentar esta amenaza. Los organismos internacionales y la arquitectura creada para evitar estos escenarios fracasaron en todos sus esfuerzos. En este contexto, el Presidente de los Estados Unidos ha tomado una decisión legítima para proteger a la población y restablecer la seguridad.

La justificación de la intervención estadounidense es triple: moral, jurídica y estratégica. Moral, porque hablamos de una dictadura responsable de tortura sistemática, ejecuciones extrajudiciales, persecución política y hambre masiva. Jurídica, porque Maduro no es solo un dictador local: es el jefe de una organización criminal transnacional, con impacto directo en los Estados Unidos y en todo el hemisferio. Estratégica, porque la inacción había demostrado ser el camino más costoso desde todo punto de vista.

Maduro no gobernó un país; dirigió una estructura criminal con control estatal. Designado por Estados Unidos como líder del Cartel de los Soles, convirtió a Venezuela en santuario de organizaciones terroristas y criminales que operaron con libertad desde su territorio. Redes como el Tren de Aragua, junto con circuitos del narcotráfico y economías ilícitas, no solo actuaron con total impunidad en ese país sino que alteraron el mapa de seguridad hemisférica. El impacto es evidente: América Latina enfrenta hoy una expansión criminal gravísima, con violencia transnacional, rutas consolidadas y Estados debilitados por la penetración de estas organizaciones.

El saldo humano ha sido devastador. Más de siete millones de venezolanos han huido del país, protagonizando una de las mayores crisis de refugiados de la historia reciente. Un país inmensamente rico en recursos naturales, que fue potencia regional, fue reducido a la miseria. Mientras los familiares y testaferros del régimen acumulaban fortunas y aparecían en listas de multimillonarios, la población perdió en promedio más de diez kilos de peso por desnutrición. El resultado fue hambre, persecución y colapso institucional, mientras los aliados nacionales e internacionales del régimen se enriquecían de forma ilegal y obscena.

Durante años se ensayaron sanciones, negociaciones, mediaciones y llamados diplomáticos. Nada funcionó. La permanencia del régimen no era un asunto neutral: el régimen y sus aliados exportaron drogas, crimen y terrorismo. El gobierno actuó impunemente en detrimento de toda la región, y en ese contexto, la decisión del presidente Trump es el reconocimiento de que el status quo era insostenible, no solo para Venezuela sino como amenaza hemisférica.

¿Cayó el régimen o solo el dictador?

Por ahora, el dictador y su esposa se encuentran bajo custodia y serán llevados ante la justicia para responder por sus crímenes, pero un régimen autoritario y criminal es el resultado de una coalición: militares, inteligencia, finanzas ilícitas, cómplices y aliados internos y externos. Esa coalición enfrenta hoy un dilema clásico: resistir, fragmentarse o negociar.

Muchos actores deberán responder por sus crímenes. Venezuela y los venezolanos reclaman justicia y, en el futuro inmediato, deberán recuperar derechos fundamentales ampliamente vulnerados: la libertad de los presos políticos, el restablecimiento de los derechos de participación para los opositores inhabilitados, garantías efectivas para el retorno de los perseguidos y expatriados y la recuperación de activos y derechos de propiedad para quienes fueron expropiados, entre otros. Las libertades de expresión y de asociación deben restablecerse plenamente en Venezuela y ser garantizadas por el nuevo orden político. Quienes violaron sistemáticamente estos derechos y libertades deben enfrentar la justicia.

Los actores que no estén involucrados en la comisión de delitos pueden y deben tener incentivos para facilitar una transición ordenada. Los máximos responsables, no. La experiencia comparada muestra que la paz sin justicia siembra futuros conflictos. El equilibrio es delicado, pero posible.

Con toda la información que ahora tiene y tendrá Estados Unidos, ¿cuáles serán las consecuencias para gobernantes y exgobernantes de nuestra región? La caída de Maduro abre un nuevo capítulo para esclarecer la intervención de Venezuela en otros países, el financiamiento ilegal de campañas políticas, las operaciones de desestabilización y las redes internacionales de corrupción, narcotráfico y crimen organizado articuladas desde el régimen. Resulta fundamental que toda prueba sea puesta a disposición de las autoridades judiciales de los países involucrados y que quienes actuaron como cómplices o se beneficiaron de esta franquicia criminal transnacional respondan plenamente por sus actos.

¿Qué pasará con Cuba y Nicaragua?

Lo ocurrido hoy tiene un impacto directo e inmediato en Cuba y Nicaragua. Durante años, Venezuela ha sido el pilar financiero, político y simbólico del eje autoritario regional: financió, protegió y legitimó a regímenes afines protegiéndolos de la condena y el aislamiento internacional. Sin ese apoyo, la correlación de fuerzas cambia y, con ella, el margen de maniobra de La Habana y Managua.

En el caso cubano, la pérdida es doble: energética y financiera. El régimen depende estructuralmente de apoyos externos para sostener su economía y su aparato de control. Sin eso, Cuba enfrenta una presión social creciente, una economía exhausta y un margen cada vez menor para postergar reformas o reprimir sin costos. En la misma rueda de prensa sobre la operación en Venezuela, el Presidente Trump calificó a Cuba como un estado fallido.

Nicaragua, por su parte, queda mucho más expuesta. Sin Venezuela, Managua enfrenta un escenario de aislamiento acelerado, mayor vulnerabilidad a sanciones coordinadas y menos capacidad para una negociación en bloque. Su comportamiento antidemocrático tendrá duras consecuencias.

Con o sin una intervención directa de Estados Unidos, los regímenes dictatoriales de Cuba y Nicaragua tienen los días contados: sus economías son inviables, su legitimidad está agotada y el entorno regional es cada vez menos tolerante con dictaduras criminales.

Otra victoria internacional para Trump

Esta operación no es solo una victoria táctica; es una victoria estratégica y política para Trump. Confirma, con hechos concretos, la doctrina que presentó recientemente en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos: la paz se preserva mediante la fuerza, y el hemisferio occidental no es terreno neutral para dictaduras criminales ni para potencias extrahemisféricas. Es así como estamos viendo, en tiempo real, la aplicación del Corolario Trump de la Doctrina Monroe.

La velocidad y precisión de la intervención demuestran no solo la superioridad militar de Estados Unidos, sino también la voluntad presidencial de ejercerla cuando la seguridad, la estabilidad regional y la credibilidad de nuestro país están en juego. En menos de un año de gobierno, el Presidente Trump ha dejado claro que America First es liderazgo con capacidad de acción. Lo ocurrido marca una reconfiguración del poder global y envía un mensaje inequívoco: la era de la impunidad autoritaria en el hemisferio ha comenzado a cerrarse.

* El autor es empresario, estratega político y de políticas públicas y ex alto funcionario gubernamental. Es el Director Fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Florida Internacional University.