Áreas verdes como infraestructura económica

América Latina enfrenta un dilema vital: la región más biodiversa del mundo no puede seguir creciendo bajo un modelo que separa, o incluso contrapone, lo económico de lo ecológico. Hoy el proyecto de un Crecimiento con Justicia planteado por la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, como la aspiración más urgente de nuestras sociedades, implica necesariamente un componente ambiental. Sin acceso equitativo a servicios ecosistémicos y espacios verdes, la justicia social queda incompleta y la competitividad urbana y económica se vuelven frágiles.

El dato que tomamos como punto de partida es contundente. Según el BID, los barrios de menores ingresos en la región cuentan con 44 % menos acceso a naturaleza urbana —parques, corredores ecológicos y árboles— que los barrios de ingresos superiores. Esa desigualdad ambiental se traduce en desigualdad social y en baja productividad comunitaria.

Jeffrey Sachs lo ha señalado con fuerza: “La sostenibilidad es inseparable de la justicia” (The Age of Sustainable Development, 2015).

La evidencia científica es amplia. El acceso a naturaleza cercana mejora el aprendizaje infantil, reduce el estrés familiar, disminuye índices delictivos (UN-Habitat, 2021), fortalece la salud emocional y la actitud productiva.

Jane Jacobs lo explicó desde el urbanismo: sin espacios públicos activos y bien cuidados, no existe vida cívica. Robert Putnam añadió que el tejido social depende de esos lugares donde la comunidad puede encontrarse sin miedo (Bowling Alone, 2000). La naturaleza urbana, entonces, no es un lujo ecológico; es infraestructura social y productiva indispensable para que una comunidad pueda prosperar.

En nuestra experiencia de gobierno local en Escobedo, en la Zona Metropolitana de Nuevo León en el norte de México, esta visión se confirma todos los días.

La creación de Pulmones Urbanos, el rescate de plazas públicas, la recuperación Parques Lineales y el establecimiento de reservas verdes, como la Reserva Ojo de Agua, muestran que cuando una ciudad invierte en naturaleza, la gente se apropia del espacio, la convivencia se fortalece y la seguridad mejora. Y, de manera aún más relevante, el patrimonio de las familias aumenta: la literatura urbana demuestra que los hogares situados cerca de áreas verdes o con acceso efectivo a ellas registran mayor valorización inmobiliaria, además de beneficios ambientales acumulativos.

Sin embargo, el cambio más profundo está en la relación entre economía y medio ambiente. Hoy, las ciudades más competitivas del mundo —las que atraen inversión, talento y oportunidades— son también las que lideran en políticas verdes. No es coincidencia: la sostenibilidad genera productividad y actitud social positiva. Empresas como Amazon, Mercado Libre o Costco buscan territorios con política urbano-ambiental real, porque saben que comunidades más sanas, menos estresadas y con mayor acceso a naturaleza son comunidades más estables, más talentosas y productivas.

En nuestra región, este vínculo se vuelve cada vez más evidente: una buena política ambiental es una buena política económica, eso lo entendemos claramente en el modelo de gestión gubernamental que guía a nuestro municipio: la 4TNorteña.

Este enfoque coincide con el concepto académico de crecimiento inclusivo (Aghion & Howitt, 2009), donde el desarrollo requiere integrar bienestar social y oportunidades ambientales; y ensambla también con la idea de las “ciudades que cuidan” (Tronto, 2013), donde la infraestructura verde y el cuidado comunitario forman parte del mismo tejido.

La naturaleza urbana regula temperatura, reduce costos energéticos, mejora movilidad activa y favorece la creatividad y el descanso. Son servicios ambientales que fortalecen la economía, la productividad y la eficiencia desde abajo. La posición de gestión de gobierno de la 4TNorteña es ambientalista, no solo por una obligación moral, sino por una lógica de desarrollo y productividad obvia y pragmática.

La sostenibilidad es además necesaria en la buena gobernanza. Las principales áreas metropolitanas de América Latina —Bogotá, Lima, Monterrey, Buenos Aires, Medellín o Santiago— comparten cuencas, acuíferos, montañas y biodiversidad.

Ningún municipio, por eficiente que sea, puede enfrentar solo los desafíos climáticos o los efectos del calentamiento urbano. Así, el crecimiento urbano y metropolitano más rentable y viable no será el que ignore la naturaleza, sino el que la reconozca como parte de su infraestructura económica más valiosa.

Las ciudades que prosperen serán las que entiendan que un metro cuadrado de sombra, es equivalente a un metro cuadrado de infraestructura productiva de la mejor calidad.

* El autor es Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México, y Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Sociedad y Gobierno en la Zona Metropolitana de esa entidad de la República Mexicana.