
Para todos los países del mundo es importante crecer, que su actividad económica registre un dinamismo positivo en el tiempo. Si una economía crece, se obtiene mayores ingresos por recaudación; es decir, el Estado contaría con mayores recursos para brindar servicios de calidad y oportunidades para todos. Asimismo, si una economía crece, se produce más, se contrata más trabajadores, se generan mayores ingresos para el trabajador. Crecer es un “gana-gana” para las familias y para el Estado.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), publicó su Informe Técnico sobre la producción nacional del mes de enero de 2023, donde da cuenta que, luego de veintidós meses de crecimiento consecutivos, la economía peruana se contrajo en 1.12%, más de cuatro puntos porcentuales por debajo de lo que estimaba el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el mes de enero.
Entre los factores que causaron este resultado, que duda cabe, están la violencia y subversión detrás de las protestas sociales, que derivaron en la paralización de labores, bloqueo de carreteras (hasta 145 vías en su pico máximo), cierre obligado de mercados, impedimento del libre tránsito de personas y mercaderías, entre otras afectaciones, según el propio INEI. Así, esta situación forzó la paralización de diversas actividades económicas en el interior del país.
La minería metálica, que representa alrededor del 12.15% de la producción nacional, se contrajo un 3.63%, por los menores volúmenes de producción de la mayoría de los metales: cobre, -1.62%; oro, -6.75%; zinc, -6.89%; plata, -19.89%; molibdeno, -12.38%; plomo, -6.68%; y estaño, -62.47%. Como sostiene el INEI, la intensificación del bloque de vías en todo el país, y principalmente en el Corredor Vial del Sur (Apurímac, Cusco y Arequipa), afectó gravemente las operaciones mineras de empresas como Las Bambas, Minera Antapaccay, Minsur-San Rafael, Nexa-San Gerardo, entre otras.
La construcción, que representa alrededor del 5.1% de la producción nacional, se contrajo un 11.7%, debido al menor consumo interno de cemento en -15.12%, por la paralización de obras privadas y de autoconstrucción, especialmente en zonas bloqueadas por actos subversivos, y que también se tradujo en cancelaciones de pedidos en algunas empresas cementeras. Así, se cortó el dinamismo del sector de los últimos meses, que venía creciendo un 4.2%, 6.8% y 3%, en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, respectivamente.
Los números no mienten. Los grupos subversivos que se aprovecharon del descontento legítimo de la ciudadanía para violentar las libertades individuales y la propiedad pública y privada en los últimos tiempos ocasionaron el retroceso de nuestra economía en el mes de enero. No solo no crecimos, sino que retrocedimos, y esto representa un costo que como peruanos no debemos tolerar nunca más. Un costo que ya se traduce en pérdidas de crecimiento hacia el cierre del año, pues, según el BCRP, ajustaría a la baja su estimación de crecimiento para 2023 de 2.9%. Mientras que Apoyo Consultoría, a propósito del impacto directo de la violencia, redujo su estimado de crecimiento de 2.2% a 2%.
Este ha sido un primer aviso. Un primer aviso de lo que nos jugamos como país si permitimos que hechos como los sucedidos en el mes de enero se repitan una y otra vez en lo que resta del año. Nos jugamos el crecimiento de la economía; y, si no crecemos, no generamos recursos para brindar servicios de calidad. Si no crecemos, no producimos más, no se contratan más trabajadores, no se generan mayores ingresos. Si no crecemos, pierden las familias y pierde el Estado… perdemos todos.

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