“La prueba del algodón”, dijo a Infobae Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, tras el anuncio que hizo este jueves el régimen de Miguel Díaz-Canel sobre el indulto a más de 2.010 presos como un “gesto humanitario” vinculado a la Semana Santa.
“Tenemos confirmación de que en la Prisión de Trabajos Forzosos Toledo 2, Marianao, La Habana, han soltado a 41 presos, todos comunes. Ni uno solo es preso político“, informó el activista a este medio.
Y agregó: “Igualmente en la Prisión de Trabajos Forzosos El Yabú. Todos comunes. Se confirma el jueguecito del régimen para intentar engañar a la prensa, a costa de mortificar a los familiares“.
La ratificación de que se trata de presos comunes y no políticos no hace más que confirmar la sospecha que ya venían teniendo disidentes, activistas y familiares. La falta de transparencia sobre los beneficiarios y los criterios de selección, así como la exclusión explícita de delitos habitualmente imputados a opositores, había generado una reacción de desconfianza.
El mensaje oficial señaló que el indulto fue aprobado por las autoridades del Partido Comunista como una medida “humanitaria y soberana”, pero no incluyó una lista de nombres ni detalles sobre los cargos por los que fueron condenados los beneficiados. El texto subrayó que los indultados cumplieron una parte sustancial de sus penas y mantuvieron buena conducta, y que se consideró su estado de salud. Entre los seleccionados hay jóvenes, mujeres, adultos mayores y ciudadanos extranjeros o residentes en el exterior.
El propio anuncio oficial especificó que quedaron excluidos del beneficio quienes cumplen condena por delitos como agresión sexual, asesinato, homicidio, tráfico de drogas, corrupción de menores, hurtos violentos, delitos contra la autoridad o reincidencia.
La categoría “delitos contra la autoridad” incluye figuras como desacato, atentado y resistencia, imputaciones habituales contra manifestantes y opositores. Organizaciones y fuentes consultadas por Infobae consideran que esta exclusión reduce de manera drástica el alcance real de la medida para los presos políticos.
“No se hagan ilusiones”
Una fuente de Infobae, en un mensaje dirigido a familiares de detenidos el jueves por la noche, había advertido sobre las limitaciones del anuncio: “Tengan en cuenta que en el propio anuncio está la trampa porque han dicho que no van a indultar a nadie que tenga delitos contra la autoridad. Eso ya excluye a los más usuales entre los presos políticos”.
La fuente insistió en que “no se hagan ilusiones porque estos criminales han excluido a la mayoría de los presos políticos”, y pidió cautela para evitar frustraciones emocionales en las familias.
“Si se llevan la sorpresa, maravilloso, lo celebraremos. Pero cuidado, no se ilusionen porque eso luego les va a afectar a su esperanza y a su ánimo”, advirtió.
La desconfianza se alimenta por antecedentes inmediatos. El pasado 12 de marzo, las autoridades cubanas anunciaron la liberación de 51 prisioneros como señal de “buena voluntad” hacia el Vaticano, que actúa como mediador entre La Habana y Washington. Sin embargo, hasta el momento fueron excarcelados solamente 26.
El indulto de 2.010 personas es el quinto que realiza el régimen cubano desde 2011, según cifras oficiales; y eleva a más de 11.000 el total de excarcelados en ese periodo. En enero de 2025 se liberaron 553 reclusos en el contexto de negociaciones con Estados Unidos y la mediación de la Santa Sede. En 2019 y 2016, los indultos alcanzaron a 2.604 y 787 personas, respectivamente.
El papel de la Iglesia Católica como canal de mediación entre Cuba y Estados Unidos fue clave durante décadas, y resultó decisivo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2015 durante el segundo mandato de Barack Obama.
El nuevo indulto se anunció sin listas públicas ni verificación independiente de las identidades de los beneficiados, mientras persiste un enfoque punitivo sobre la reincidencia y la exclusión de condenados por delitos políticos.
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