Francia aprobó una ley de urgencia para prorrogar el gasto público ante el bloqueo del presupuesto de 2026

El Gobierno francés aprobó este lunes un proyecto de ley especial para asegurar la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la imposibilidad de aprobar a tiempo el Presupuesto de 2026. La medida, adoptada en un Consejo de Ministros extraordinario, busca evitar una parálisis administrativa a partir del 1 de enero mientras el Ejecutivo intenta cerrar un acuerdo con la oposición parlamentaria antes de finales de enero.

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, reconoció que se trata de una solución transitoria. “Esto es un paliativo, un esparadrapo, nos da algunas semanas suplementarias para negociar”, afirmó tras la reunión. El presidente Emmanuel Macron consideró que la ley especial “no es satisfactoria” y urgió a su Gobierno a presentar “lo más rápidamente posible” un presupuesto que sitúe el déficit en torno al 5% del producto interior bruto.

El proyecto deberá ser debatido y votado este martes en la Asamblea Nacional, donde el Ejecutivo cuenta con una mayoría muy relativa. La ley permitiría prorrogar de forma provisional las cuentas de 2025 y autorizar el pago de salarios públicos y el funcionamiento de servicios esenciales, desde comisarías hasta centros educativos.

En una comparecencia conjunta, los ministros de Economía y de Hacienda, Roland Lescure y Amélie de Montchalin, insistieron en el carácter excepcional de la medida. Subrayaron que la prórroga solo pretende “garantizar la continuidad del Estado” y evitar un vacío presupuestario, pero advirtieron que no puede prolongarse sin consecuencias económicas y políticas.

El Ejecutivo del primer ministro Sébastien Lecornu tenía como fecha límite el 31 de diciembre para sacar adelante las cuentas de 2026, un objetivo que no logró por las profundas divisiones de la Asamblea Nacional tras la recomposición del mapa político. Desde el lunes, Lecornu mantiene reuniones con los principales líderes parlamentarios para intentar asegurar al menos el respaldo a la prórroga presupuestaria.

Quedaron excluidos de esos contactos los líderes de la extrema derecha y de la izquierda radical. Tanto Marine Le Pen como Jean-Luc Mélenchon rechazaron cualquier diálogo con el Gobierno, lo que reduce aún más el margen de maniobra del Ejecutivo.

Los socialistas fueron los primeros en ser recibidos y se han convertido en un apoyo clave para garantizar la continuidad institucional. Su respaldo, sin embargo, tiene un costo político. El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, acusó a la derecha de “rechazar todo compromiso” y dejó claro que su grupo exigirá una mayor justicia social y la preservación del gasto en servicios públicos, condiciones que incomodan a los conservadores y a sectores del centro-derecha.

Otras formaciones, como Los Ecologistas, adelantaron que no aprobarán el plan presupuestario en su forma actual. También participaron en las conversaciones los comunistas, la derecha conservadora y los partidos de la coalición macronista. Aunque existe un consenso amplio para evitar el bloqueo del Estado mediante una prórroga, las diferencias son profundas sobre el contenido de las futuras cuentas.

El principal punto de fricción es la estrategia para reducir el déficit. La derecha y parte del bloque presidencial rechazan subidas de impuestos y defienden recortes del gasto, mientras que la izquierda condiciona cualquier acuerdo a la protección del Estado de bienestar. A ello se suma la proximidad de las elecciones municipales de marzo, que endurece las posiciones y dificulta las concesiones.

Los organismos económicos han advertido de los riesgos de prolongar la prórroga presupuestaria. El presidente del Tribunal de Cuentas, Pierre Moscovici, recordó que Francia se comprometió ante la Comisión Europea a una senda de ajuste que debe llevar el déficit por debajo del 3 % del PIB en 2029. Retrasar los ajustes en 2026, advirtió, afectaría a la credibilidad financiera del país y trasladaría el problema al siguiente ciclo político.

Con las elecciones presidenciales previstas para 2027, el margen para adoptar medidas impopulares se estrecha. El recurso a una ley de urgencia permite ganar tiempo, pero deja en evidencia la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo y la dificultad de conciliar disciplina fiscal, estabilidad política y calendario electoral en la segunda economía de la eurozona.