El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur

El Tribunal Penal Internacional (TPI) condenó este martes a 20 años de cárcel al antiguo comandante de las milicias ‘yanyauid’ en Darfur, Ali Muhammad Ali Abd al Rahman, conocido como ‘Alí Kushayb’, por crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos hace cerca de dos décadas en el oeste de Sudán. Según indicó el tribunal mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial en la red social X, la Sala de Primera Instancia I del TPI dictó la sentencia tras considerar la “gravedad de los crímenes” y las “circunstancias personales” del acusado, así como su “grado de participación, la intencionalidad y el daño causado a las víctimas”.

El período que Alí Kushayb lleva privado de libertad desde su entrega en junio de 2020 en República Centroafricana (RCA) será descontado de la condena. El tribunal ha recordado también que la defensa cuenta con 30 días para presentar una apelación.

La sentencia se basa en la decisión tomada en octubre por esta misma sala, que declaró culpable a Alí Kushayb de 27 cargos de crímenes contra la humanidad y de guerra, entre ellos violación, tortura y asesinato, perpetrados durante el conflicto en Darfur entre agosto de 2003 y abril de 2004, cuando las milicias respaldaban al entonces dictador Omar Hasán al Bashir.

El acusado se entregó voluntariamente tras ser objeto de una orden de arresto internacional emitida en abril de 2007, que le vinculaba a más de 500 asesinatos, alrededor de 20 violaciones y el desplazamiento forzado de más de 41.000 personas, además de “incontables casos de violencia sexual, torturas y saqueos de las que fueron responsables sus hombres”. Alí Kushayb rechazó las imputaciones presentadas en su contra y afirma ser inocente.

El tribunal, que dictó sentencia por unanimidad, subrayó que los ataques, durante campañas en Kodoom, Bindisi, Mukjar y Deleige, en el oeste de Darfur, tuvieron un “impacto profundo y duradero” en la población local y fueron ejecutados con “crueldad inimaginable” y motivaciones discriminatorias.

Por primera vez, los jueces atribuyeron responsabilidad penal por persecución motivada específicamente por razón de género, lo que marca un precedente en la definición y alcance de los crímenes de lesa humanidad.

Si bien la TPI ya había emitido condenas previas relacionadas con violencia sexual, los magistrados desestimaron la mayoría de los argumentos de la defensa y determinaron que los actos presentados como gestos humanitarios, como la aparente orden de no matar mujeres en una de las operaciones, no podían considerarse factores atenuantes, ya que las pruebas acreditaron que esas mujeres posteriormente fueron sometidas a torturas o violaciones.

El proceso judicial comenzó en abril de 2022 y sus alegatos finales se presentaron en diciembre de 2024. Durante las vistas, más de 70 testigos declararon y se formalizaron cerca de 1.860 pruebas. El tribunal autorizó a 1.591 víctimas a participar en el juicio mediante un equipo de representantes legales.

La representante de las víctimas recordó que, para las comunidades afectadas, la sentencia debe reflejar que no fueron víctimas de un conflicto entre tribus, sino de una “campaña deliberada de exterminio, humillación y desplazamiento, ejecutada y ordenada” por el acusado.

En paralelo, el TPI ha reiterado su exigencia de extradición del exdictador Omar Hasán al Bashir, destituido en 2019, por cargos de crímenes de guerra y genocidio, petición que las autoridades sudanesas aún no han hecho efectiva. También permanecen inculpados los exministros del Interior, Ahmed Harun, y de Defensa, Abderrahim Mohamed Husein.

(Con información de Europa Press/EFE)