En los densos campos de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladesh, miles de niños rohingyas enfrentan un futuro incierto, marcado por inseguridad, desnutrición y una falta aguda de oportunidades educativas, debido a los recortes en la financiación internacional, situación que pone en riesgo los servicios humanitarios básicos.
La reducción constante de la ayuda global ha dejado a esta población apátrida, donde más del 60% son mujeres y menores, en una situación de vulnerabilidad extrema, mientras organizaciones y autoridades debaten estrategias para un 2026 que se anticipa aún más desafiante.
La gravedad de la crisis en esta zona, una de las más pobres del país y actualmente hogar de más de un millón de personas apátridas forzadas a huir de Myanmar en busca de refugio.
El 78% de los refugiados permanece hacinado en los 33 campos de Ujiya y Teknaf, además de la isla Bhasan Char, mayoritariamente niños y mujeres, atrapados en un entorno donde la carencia de alimentos, atención sanitaria y oportunidades educativas es crítica.
Desde 2017, año en que una campaña militar del Tatmadaw (Ejército de Myanmar) expulsó a unas 740.000 personas, el flujo de desplazados ha ido en aumento.
Este grupo, a diferencia de quienes llegaron en décadas previas, no ha recibido el estatus formal de refugiados, ya que Bangladesh los considera oficialmente “ciudadanos birmanos desplazados a la fuerza”. Este vacío legal restringe el acceso a derechos básicos y complica la entrega de ayuda internacional.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) confirma que la infancia rohingya enfrenta una de sus etapas más difíciles desde el inicio del éxodo masivo. Más de medio millón de niños han nacido y crecido en un entorno sin nacionalidad definida, viviendo en refugios temporales y en condiciones peligrosas, completamente dependientes de la asistencia humanitaria.
Estos menores, además de sufrir riesgos nutricionales y la ausencia de servicios educativos adecuados, están expuestos a brotes de enfermedades, abandono, explotación, incluyendo violencia de género, matrimonio y trabajo infantil. Los desastres estacionales, como monzones y ciclones, incrementan la fragilidad de esta población, con impacto también en las comunidades anfitrionas de Bangladesh.
La falta de acceso a educación formal incrementa el riesgo para los jóvenes, que carecen de opciones de aprendizaje y empleo, y quedan vulnerables al tráfico de personas y a redes criminales.
La crisis se intensifica por la ausencia de documentación legal para los rohingyas en Myanmar, donde la apatridia continúa desde los años 80. Las restricciones al movimiento y la imposibilidad de acceder a la ciudadanía perpetúan el limbo legal y social de esta comunidad, agravando el confinamiento y la marginalidad dentro de los campos de Bangladesh.
La reducción de la ayuda internacional de donantes como Estados Unidos y la Unión Europea ha profundizado la emergencia. El Programa Mundial de Alimentos (PMA), a través de voces como Rokibul Alam, expresó su preocupación porque la reorganización de presupuestos puede afectar aún más la provisión de servicios esenciales.
(Con información de Europa Press)
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