
La Fiscalía de Tanzania ha presentado este viernes cargos por traición contra 98 personas presuntamente implicadas en las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales del pasado 29 de octubre. Los comicios, cuestionados por la Unión Africana por presuntas irregularidades, dieron como resultado una amplia victoria de la presidenta Samia Suhulu Hasan, en medio de una dura represión policial que, según Amnistía Internacional, dejó al menos un centenar de muertos.
Entre los principales acusados figura la joven empresaria Jennifer “Niffer” Jovin, de 26 años, quien compareció este viernes ante el Tribunal de Primera Instancia de Kisutu, en Dar es Salaam. Jovin enfrenta acusaciones de haber incitado a la violencia durante la jornada electoral. Su detención, confirmada por la Policía Nacional en un comunicado difundido por el diario regional Mwananchi, habría ocurrido dos días después de las elecciones, aunque las autoridades no aclararon si recuperó la libertad o permaneció bajo custodia desde entonces.
El documento de acusación señala que los imputados manifestaron su “intención de obstruir las elecciones generales de 2025 con el propósito de intimidar al Ejecutivo de la República Unida de Tanzania”, causando además “graves daños a propiedades gubernamentales destinadas a proporcionar servicios necesarios”.
El delito de traición, tipificado en el Código Penal tanzano, conlleva la pena de muerte, por lo que los procesados podrían ser condenados a la horca si el tribunal los declara culpables. La Fiscalía no ha precisado cuándo comenzará el juicio.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han denunciado que las autoridades tanzanas perpetraron graves violaciones de derechos fundamentales en el país durante el período electoral, incluyendo casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El gobierno, por su parte, rechaza las acusaciones y asegura mantener su compromiso con las libertades civiles y el Estado de derecho.
Tras las controvertidas elecciones, las autoridades tanzanas han intensificado la represión contra la población, los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos, en opinión de Irungu Houghton, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en la vecina Kenia. “Los tanzanos tienen derecho a exigir responsabilidades por la represión estatal preelectoral, los asesinatos ilegales y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones”, exigió.
En medio de este clima de tensión, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Tanzania, elevándola al Nivel 3. La medida aconseja a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar sus desplazamientos al país ante el aumento de los riesgos de disturbios civiles, criminalidad violenta, terrorismo y persecución contra personas LGTBIQ+. La decisión se produce tras los informes de violencia y represión posteriores a las elecciones del 29 de octubre, que incluyeron, además, un prolongado apagón de internet en todo el territorio nacional.
(Con información de Europa Press)
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