Un tribunal de Estambul resolvió este jueves mantener en prisión preventiva a nueve de los diez acusados por delitos de “terrorismo”, en el marco de un juicio abierto este año a raíz de un pacto preelectoral de 2024 entre el Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal fuerza opositora de corte socialdemócrata, y el izquierdista y prokurdo Partido de la Igualdad de los Pueblos (DEM).
Según la Fiscalía, los procesados —en su mayoría concejales del CHP— habrían participado en una estrategia conocida como Consenso urbano. Este acuerdo permitió al CHP imponerse al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), del presidente Recep Tayyip Erdogan, en varios distritos de Estambul durante las elecciones municipales de marzo de 2024.
El DEM, tercera fuerza parlamentaria, cuenta con su base electoral en las regiones rurales del sureste del país, de mayoría kurda. Sin embargo, también mantiene influencia entre sectores de la izquierda urbana y dentro de la comunidad kurda que reside en grandes ciudades como Estambul o Ankara.
En virtud del Consenso urbano, el DEM optó por no presentar candidatos propios en numerosos distritos de la capital, lo que canalizó el voto de sus bases hacia el CHP. A ello se sumó la incorporación en las listas del CHP de figuras afines al ideario del DEM, con fuerte atractivo para sus simpatizantes.
La Fiscalía sostiene que algunos de esos candidatos estaban vinculados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, y acusa de “colaboración con banda terrorista” a los cargos del CHP que supuestamente mantuvieron contacto con ellos, de acuerdo con el diario Cumhuriyet.
El CHP, por su parte, defiende que un acuerdo preelectoral de este tipo es plenamente legal y recuerda que todo candidato debe recibir autorización previa del Ministerio del Interior para poder concurrir. Por ello, argumenta, resulta evidente que ninguno de los aspirantes contaba con antecedentes de terrorismo ni con causas judiciales pendientes.
El vicepresidente del DEM, Mehmet Rüstü Tiryaki, señaló que el PKK anunció su disolución en mayo pasado y que actualmente el Parlamento debate el cierre definitivo del conflicto armado. En este contexto, consideró que mantener a los acusados en prisión “solo alienta a quienes no creen en la paz”.
Además, denunció la motivación política del caso: “La acusación esencial contra todos los encausados es que los kurdos no deben participar en las filas del CHP. Esto es una abierta enemistad hacia los kurdos”, declaró en entrevista con el medio digital Bianet.
(Con información de EFE)
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