El presidente libanés, Joseph Aoun, prometió el lunes justicia y rendición de cuentas cinco años después de una catastrófica explosión en el puerto de Beirut, mientras el juez investigador terminaba de interrogar a los acusados, dijo un funcionario judicial.
Nadie ha sido responsabilizado por la explosión del 4 de agosto de 2020, una de las explosiones no nucleares más grandes del mundo, que devastó zonas de la capital libanesa, matando a más de 220 personas e hiriendo a más de 6.500.
Las autoridades dijeron que la explosión fue provocada por un incendio en un almacén donde se habían almacenado de forma desordenada durante años toneladas de fertilizantes de nitrato de amonio después de llegar en barco, a pesar de las reiteradas advertencias a altos funcionarios.
El juez Tarek Bitar reanudó su investigación este año cuando el equilibrio de poder en el Líbano cambió tras una guerra entre Israel y Hezbollah que debilitó al grupo militante respaldado por Irán, que había encabezado una campaña para la renuncia de Bitar.
Aoun dijo que el Estado libanés “está comprometido a descubrir toda la verdad, sin importar los obstáculos o cuán altos sean los cargos” involucrados.
“La ley se aplica a todos, sin excepción”, dijo Aoun en un comunicado.
El lunes ha sido declarado día de luto nacional y más tarde durante el día se han previsto manifestaciones que convergirán en el puerto para exigir justicia.
“La sangre de sus seres queridos no será en vano”, dijo el presidente a las familias de las víctimas, y agregó: “La justicia está llegando, la rendición de cuentas está llegando”.
Transparencia
Tras reanudar su trabajo tras un impasse de más de dos años, Bitar terminó de interrogar a los acusados y sospechosos, dijo a la AFP un funcionario judicial bajo condición de anonimato.
Entre los interrogados se encuentra el ex primer ministro Hassan Diab, así como funcionarios militares y de seguridad, mientras que varios ex ministros no comparecieron al interrogatorio, dijo el funcionario.
Bitar está esperando que se completen algunos procedimientos, incluida la recepción de respuestas de varios países árabes y europeos tras una solicitud de “información sobre incidentes específicos”, agregó el funcionario, sin dar más detalles.
El juez finalizará entonces la investigación y remitirá el expediente al Ministerio Público para que dé su opinión antes de emitir la acusación, añadió el funcionario.
El Presidente Aoun dijo que “estamos trabajando con todos los medios disponibles para garantizar que las investigaciones se completen con transparencia e integridad”.
El primer ministro Nawaf Salam, ex juez de la Corte Internacional de Justicia, dijo el domingo que conocer la verdad y garantizar la rendición de cuentas eran cuestiones nacionales, denunciando décadas de impunidad oficial.
Aoun y Salam asumieron el cargo a principios de este año, a raíz de la guerra entre Israel y Hezbollah, y ambos líderes se comprometieron a defender la independencia judicial.
Los funcionarios nombrados en la investigación presentaron una serie de demandas tratando de evitar que la misma siguiera adelante.
Actualmente no hay nadie detenido por el caso.
Cadena de responsabilidad
Human Rights Watch y Amnistía Internacional dijeron en una declaración conjunta el lunes que “a pesar de la reanudación de la investigación, el camino hacia la justicia sigue plagado de desafíos políticos y legales”.
Instaron a las autoridades a garantizar una investigación exhaustiva y sin obstáculos que establezca “los hechos y circunstancias que rodearon la explosión, abarcando toda la cadena de responsabilidad”, ya sea nacional o internacional.
Mariana Fodoulian, de la asociación de familiares de víctimas, dijo que “durante cinco años, los funcionarios han estado tratando de evadir la rendición de cuentas, pensando siempre que están por encima de la ley”.
“No pedimos nada más que la verdad”, dijo a la AFP.
“No nos detendremos hasta obtener justicia integral”.
El domingo, el ministro de Cultura, Ghassan Salame, dijo que los silos de trigo del puerto, destruidos y parcialmente derrumbados, se incluirían en una lista de edificios históricos.
Las familias de las víctimas exigen desde hace tiempo su conservación como monumento conmemorativo de la catástrofe.
“Los silos son el único testigo de lo que ocurrió el 4 de agosto”, dijo Fodoulian.
La coordinadora especial de las Naciones Unidas para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, instó el lunes a las autoridades a “tomar todas las medidas necesarias para acelerar el progreso de los procedimientos judiciales relacionados con la explosión”.
(con información de AFP)
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