El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, instó este lunes a los países europeos a actualizar sus legislaciones para adoptar la noción de consentimiento como eje central en la definición de violación, de acuerdo con las disposiciones de la Convención de Estambul, que en 2024 cumplirá una década desde su entrada en vigor.
Durante su declaración, Berset enfatizó que este tratado internacional, diseñado para combatir la violencia de género, establece que la definición de violación debe centrarse en la subrayó, “en oposición a las definiciones tradicionales de violación basadas en el recurso a la fuerza”. Según el secretario general, esta diferencia es crucial para reconocer las experiencias de las mujeres y niñas que sufren violencia sexual.
En los últimos años, países como Finlandia, Dinamarca, Bélgica y España han reformado sus legislaciones para alinearlas con el tratado, introduciendo modificaciones que eliminan la necesidad de demostrar coerción física.
Sin embargo, otras naciones, como Francia, continúan definiendo la violación como un “acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza, o todo acto buco-genital, cometido con violencia, presión, amenaza o sorpresa”.
En 2019, el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Grevio) expresó su rechazo a esta definición, lamentando que “la definición de las agresiones sexuales y de la violación no se base en la falta de consentimiento libre sino que exige el recurso a la violencia, presión, amenaza o sorpresa”.
El caso de Gisèle Pelicot: un reflejo de las deficiencias legales
El debate sobre la noción de consentimiento cobra aún más relevancia en el contexto del proceso judicial contra 51 hombres acusados de violar a Gisèle Pelicot, quien fue drogada con ansiolíticos por su esposo entre 2011 y 2020 en su hogar en el sureste de Francia.
En el juicio, la Fiscalía subrayó este lunes que Pelicot fue reducida a “un objeto” por parte de los agresores. “El consentimiento no estuvo presente ni antes ni durante el acto”, declaró el fiscal Jean-François Mayet en su alegato inicial ante el Tribunal de lo Criminal de Aviñón.
Mayet insistió en que el estado de inconsciencia inducido por los ansiolíticos suministrados por su marido imposibilitó cualquier forma de consentimiento por parte de la víctima.
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El código penal francés, al centrarse en la violencia o coerción activa para tipificar la violación, enfrenta críticas por no proteger adecuadamente a víctimas en situaciones donde no hay resistencia física explícita debido a incapacidades temporales, como en este caso.
El Consejo de Europa ya había señalado en 2019 que esta legislación es insuficiente y no está en sintonía con los estándares internacionales promovidos por la Convención de Estambul.
El caso de Pelicot evidencia cómo las definiciones legales actuales pueden dejar desprotegidas a víctimas de abusos cometidos en circunstancias que imposibilitan el consentimiento, reforzando la urgencia de reformar las leyes para garantizar justicia y protección integral para todas las sobrevivientes de violencia sexual.
(Con información de AFP/EFE)
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