
Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña y dirigente del partido independentista de Carles Puigdemont, fue condenada este jueves a 4 años y medio de cárcel por corrupción, aunque el tribunal propuso en su fallo un indulto parcial que evitaría que fuera a prisión.
“El Tribunal condena a Laura Borràs a 4 años y medio de cárcel por falsedad y a 9 años de inhabilitación” para ejercer cargos públicos por prevaricación, señaló una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Barcelona.
La pena es inferior a los seis años de prisión que pedía la Fiscalía, que achacaba a esta separatista de línea dura el fraccionamiento de contratos para trabajos informáticos por un total de más de 300.000 euros (alrededor de 320.000 dólares), para adjudicárselos a un amigo, cuando ella dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), una entidad pública para la promoción de la literatura catalana.
Visto que no buscaba un “lucro personal”, el tribunal propuso al gobierno español conceder un “indulto parcial” a Borràs para reducir su pena a dos años de prisión, lo que le permitiría evitar la cárcel.

En España, las penas de dos años o menos no suelen conllevar la entrada a prisión.
Borràs, de 52 años, que siempre ha sostenido su inocencia, señaló en una declaración luego de conocerse la sentencia que esta “aberración judicial” se debe a su lucha por la independencia de Cataluña.
“Esta sentencia no se hubiera dictado nunca si yo no fuera quien soy y representase lo que represento”, pero de todas maneras no “me impedirá seguir trabajando (...) por la independencia de Cataluña, dijo Borràs.
Representante de la línea más dura del separatismo, muy crítica con el diálogo del actual gobierno regional catalán con Madrid, el juicio le costó a Borràs la suspensión de su cargo de presidenta del Parlamento catalán en julio de 2022.

El amigo de Borràs y presunto beneficiario de los 18 contratos fraccionados, Isaías Herrero, fue condenado a dos años de cárcel como “cooperador necesario” del delito de falsedad documental, y un tercer procesado, Andreu Pujol, a un año y dos meses de cárcel por haberse presentado a licitaciones que eran realmente para Herrero.
Tanto Herrero como Pujol habían llegado a un acuerdo con la fiscalía para reconocer ante el tribunal las irregularidades y su coparticipación en ellas, a cambio de rebajas en sus penas.
(Con información de AFP)
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