La ONU advirtió este miércoles de la posible comisión de “crímenes contra la humanidad” en la región china de Xinjiang, en un esperado informe publicado minutos antes de que Michelle Bachelet dejara su puesto de Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
“El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes (...) puede ser constitutivo de crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad”, afirma el informe en sus conclusiones.
El informe de 48 páginas -que ha estado en elaboración durante tres años- señala detalles de las atrocidades cometidas por el régimen chino contra esta minoría en los “campos de reeducación”.
“El tratamiento de las personas detenidas en el sistema de los llamados centros de formación profesional y técnica es preocupante. Las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluido el tratamiento médico forzado y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género”, remarca el texto.
El quinto capítulo del documento, titulado “Condiciones y trato en los ‘Centros de Educación y Formación Profesional’, revela diversas violaciones a los derechos humanos. “Ex detenidos entrevistados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) habían pasado periodos de tiempo, generalmente, de entre dos meses y 18 meses, en centros de ocho lugares geográficos diferentes, incluidas las prefecturas autónomas de Ili, Aksu, Bayingol, Hotan, Karamay y Urumqi. Dos tercios de los 26 ex detenidos entrevistados declararon haber sido sometidos a un trato que equivaldría a tortura y/u otras formas de malos tratos, ya sea en los propios centros de formación profesional o en el contexto de los procesos de remisión a los centros de formación profesional”, señala el texto.
Y añade: “Estas denuncias señalan que los malos tratos tuvieron lugar durante los interrogatorios o como forma de castigo por (supuestas) infracciones. Los relatos incluían haber sido golpeados con bastones, incluso con porras eléctricas, mientras estaban atados de pies y manos en la llamada ‘silla de tigre’; haber sido sometidos a interrogatorios con agua en la cara; haber sido sometidos a aislamiento prolongado; y haber sido obligados a sentarse inmóviles en pequeños taburetes durante períodos prolongados”.
“Las personas que denunciaron haber sido golpeadas para obtener confesiones describieron haber sido llevadas a salas de interrogatorio que estaban separadas de las celdas o de los dormitorios donde se alojaban las personas. Más de dos tercios de las personas también informaron de que, antes de ser trasladadas a un centro de formación profesional y técnica, fueron retenidas en comisarías de policía, donde describieron casos similares de golpizas mientras también eran inmovilizadas en una ‘silla de tigre’ en esas instalaciones”, advierte el informe.
Otro aspecto señalado es el referido al tratamiento médico forzado: “Casi todos los entrevistados describieron que se les administraban regularmente inyecciones, pastillas o ambas cosas, así como que se les recogían regularmente muestras de sangre en las instalaciones del centro de formación profesional”.
“Los entrevistados fueron coherentes en sus descripciones de cómo los medicamentos administrados les hacían sentir somnolientos. Un entrevistado, por ejemplo, describió el proceso de la siguiente manera: ‘Recibíamos un comprimido al día. Parecía una aspirina. Nos ponían en fila y alguien con guantes nos revisaba sistemáticamente la boca para asegurarse de que la tragábamos’. Aunque la frecuencia de estas intervenciones y tratamientos médicos variaba según los entrevistados, tanto las inyecciones como la administración de lo que se describía como ‘pastillas blancas’ se producían al principio de su internamiento y a lo largo de su estancia en los centros de formación profesional. Ninguno de los entrevistados fue debidamente informado sobre estos tratamientos médicos, ni se sintió en condiciones de rechazarlos. En tales circunstancias, no puede inferirse un consentimiento informado”, advierte el informe.
Y algunos ex detenidos también hablaron de diversas formas de violencia sexual, incluidos algunos casos de violación, que afectaron principalmente a las mujeres.
“Estos relatos incluían haber sido obligadas por los guardias a practicar sexo oral en el contexto de un interrogatorio y diversas formas de humillación sexual, incluida la desnudez forzada. Los relatos describían igualmente la forma en que las violaciones tenían lugar fuera de los dormitorios, en habitaciones separadas sin cámaras. Además, varias mujeres relataron que fueron sometidas a exámenes ginecológicos invasivos, incluida una mujer que describió que esto tenía lugar en un entorno de grupo que ‘hacía que las mujeres mayores se avergonzaran y las jóvenes lloraran’, porque no entendían lo que estaba sucediendo”.
El régimen chino ha negado firmemente estas afirmaciones, a menudo mediante ataques personales o de género contra las mujeres que han denunciado públicamente estas acusaciones.
“Estas violaciones de los derechos humanos, tal y como se documenta en esta evaluación, se derivan de un ‘sistema de leyes antiterroristas’ interno que es profundamente problemático desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Contiene conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discrecionalidad a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación, prevención y coerción, en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente. Este marco, que es vulnerable a la aplicación discriminatoria, ha conducido en la práctica a la privación arbitraria de libertad a gran escala de miembros de la comunidad uigur y de otras comunidades predominantemente musulmanas (...) al menos entre 2017 y 2019”, advierte el informe.
Y concluye: “Los sistemas de detención arbitraria y las pautas de abuso relacionadas con ellos en los ‘centros de educación y formación profesional’ (EFP) y en otros centros de detención se producen en el contexto de una discriminación más amplia contra los miembros de la minoría uigur y de otras minorías predominantemente musulmanas, basada en la percepción de amenazas a la seguridad que emanan de miembros individuales de estos grupos. Esto ha incluido restricciones de gran alcance, arbitrarias y discriminatorias de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en violación de las normas internacionales”.
Este informe ha sido publicado una semana después de que Bachelet denunciara presiones por la inminente publicación del documento, llegando a recibir una carta firmada por 40 países y cuyo nombre no quiso desvelar la Alta Comisionada. Bachelet visitó Xinjiang y otras regiones chinas el pasado mes de mayo. Durante la visita, se abstuvo de criticar las políticas de Pekín en la región, lo que generó críticas por parte muchos países por su ambigüedad frente a las violaciones de derechos humanos en la región.
Con información de AFP y EuropaPress
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