Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, señaló en días anteriores que este 23 de noviembre sería el límite para que las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Reforma Política-Electoral, y de Gobernación y Población establezcan criterios en común para promover una reforma electoral.
Esto quiere decir que los partidos políticos de oposición tenían hasta este miércoles para presentar sus propias iniciativas en materia político-electoral y que éstas se incluyeran en la minuta de la iniciativa que sería discutida y votada en el Congreso de la Unión; sin embargo, versiones apuntan a que esto no ocurrió.
Se debe de contemplar que por parte del legislativo y ejecutivo federal existen 50 iniciativas que se tomarían en cuenta para la creación de un texto único, en el cual se contemplen los puntos de convergencia entre diferentes expresiones políticas y, posteriormente, los partidos afines al presidente verían la forma de integrar la mayor cantidad de propuestas posibles de AMLO.
Sin embargo, las condiciones parlamentarias en la Cámara de Diputados señalaron puntos de vista irreconciliables tanto por los detractores como por los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral.
Por un lado, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que los opositores a la llamada Cuarta Transformación (4T) no presentaron en tiempo y forma sus propuestas, por lo que la iniciativa que pasará a discutir en comisiones será la del presidente López Obrador; no obstante, los detractores del gobierno de AMLO especificaron que las comisiones encargadas de recibir las alternativas de reforma no sesionaron, por lo que el método institucional para presentar sus propuestas jamás existió.
De tal modo que, sea cual sea la versión, la propuesta de AMLO será la que se discutirá en Cámara de Diputados, misma que, al tratarse de una serie de modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), deberá de aprobarse con mayoría relativa, es decir, dos terceras partes del Pleno, algo con lo que no cuenta el presidente, ya que entre Morena y sus aliados (PT y PVEM), sólo juntan 276 curules de los 334 que necesita.
Por ello se requiere del consenso de las bancadas de oposición, pero las reacciones colectivas de éstas han sido claras e inamovibles: la respuesta es no. Ante la óptica pública, el instituto político de oposición con mayor posibilidad a ceder ante la iniciativa de AMLO es el Partido Revolucionario Institucional (PRI); sin embargo, tanto Alejandro Moreno, presidente del partido, como Rubén Moreira, coordinador de la bancada en San Lázaro, sostuvieron que el tricolor votará en contra de la iniciativa presidencial.
“Fijamos la postura clara y contundente. La posición del PRI fue clara. El PRI no acompañará esa reforma que se ha presentado”, declaró Alito Moreno este miércoles tras la presentación de la minuta en las comisiones de San Lázaro.
Por su cuenta, el presidente López Obrador no es omiso a este panorama, de tal forma que desde el 15 de noviembre señaló, desde una conferencia matutina, que ideó un Plan B que le permitiría realizar las modificaciones que desea sin que se toque a la Constitución, por lo cual, de rechazarse este primer intento, lo intentaría nuevamente al modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) o Ley Electoral.
Sin embargo, la oposición también está preparada para esta posibilidad, de tal modo que señalaron que acudirán a otras instancias para promover los recursos que crean necesarios en el momento en que la mayoría simple del Congreso de la Unión apruebe las modificaciones a la Ley secundaria.
En este sentido, se destaca que Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que para que se realicen las modificaciones al sistema político-electoral mexicano que López Obrador promueve, es forzosamente modificar la CPEUM, por lo que, si promueven la reforma con modificaciones a la Ley electoral, la oposición promoverá controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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