En la antesala de la discusión parlamentaria que tendrá como resultado la redacción única de una Reforma Político-electoral, el Senado de la República encontró que una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podría costarle al erario público cerca de 8 mil millones de pesos.
Y es que la la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) realizó un estudio, cuyo resultado fue publicado este domingo 30 de octubre, en el que se pondera que la iniciativa de elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales tendría un costo superior a los 8 mil millones de pesos, algo que contrasta con el principio de Austeridad Republicana con el que dijo que se conduciría el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T).
De acuerdo con el documento “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles, se afirma que la iniciativa del ejecutivo federal ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política; sin embargo, no es barato.
El estudio completo del IBD se puede consultar en el siguiente enlace: Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México. Donde se explican los elementos que se tomaron en cuenta para llegar a dicha conclusión.
Esto por que el texto entregado por Giles Navarro explica que elegir a consejeros y magistrados electorales mediante el voto popular implica una planeación, logística e insumos técnicos y materiales, mismos que, al momento de materializarlos, deben ser cubiertos por el Estado, es decir, por los impuestos de las y los mexicanos.
Particularmente, de acuerdo con el análisis del IBD, en un contexto de mayoría partidista como el que se configuró en México después de 2018, la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno es muy alta, por lo que es esperable que, nuevamente, las autoridades electorales se conviertan, de facto, en entidades dependientes de la presidencia de la república.
Bajo esta lógica, advirtió que transformar tan radicalmente los componentes del sistema electoral podría poner en riesgo la estabilidad política y social en México, en la medida en que se haría parte de la lucha por el poder a las autoridades encargadas de aplicar las normas y resolver las diferencias entre las fuerzas políticas.
Al respecto, señaló que existe el riesgo de “convertir a los árbitros en jugadores”, pues la observación, aplicación y sanción de las normas electorales dejaría de ser un asunto técnico y legal para transformarse en una cuestión de “popularidad sujeta a los humores y vaivenes de la competencia política”.
En contrapunto, se sostiene que uno de los mayores logros de la transición democrática en México fue que la función electoral dejará de ser una tarea del gobierno para convertirse en una auténtica labor del Estado, lo cual pudo ser posible gracias a la autonomía, descentralización, participación ciudadana y profesionalización de las autoridades electorales. Al respecto, cabe recordar que las autoridades electorales son propuestas por el ejecutivo federal y puestas a consideración del Congreso de la Unión para que sean ratificados en el puesto.
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