La discusión por la Reforma a la Guardia Nacional (GN) continúa su flujo en el legislativo federal. Este domingo 18 de septiembre, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República convocó de manera formal a la Comisión de Estudios Legislativos para revisar la minuta emanada de la Cámara de Diputados.
Con ello, se estableció que será el lunes 19 de septiembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) cuando las Comisiones unidas revisen la iniciativa de Reforma que pretende hacer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se haga cargo de la Guardia Nacional hasta 2028.
Cabe destacar que la orden del día fue emitida a pocas horas del límite para la convocatoria, motivo por el cual el proceso parlamentario no se vio comprometido, con lo que se espera que en la siguiente semana será la Cámara de Senadores quien capte la óptica nacional en relación a la iniciativa que ha generado polémica en las esferas políticas de México.
La discusión en relación a este iniciativa es amplia, pues desde su origen generó pronunciamientos tanto en favor como en contra; por un lado se considera que promueve la militarización de México al mantener a la GN en un mando militar y alejarla de uno civil, como el de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); asimismo, ésta reconoce la imposibilidad de que los mandos civiles se hagan cargo, de manera exitosa, de las tareas de seguridad y protección ciudadana en 2024.
Y es que, originalmente, cuando la Guardia Nacional fue formada, en 2019, se planeó que ésta estuviera bajo el control operativo y administrativo de la Sedena hasta marzo de 2024; no obstante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) promovió una iniciativa de reforma al Artículo 5° Constitucional en el que se prolonga esta responsabilidad hasta 2028, algo que coincide con los intereses de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que la Defensa Nacional se haga cargo de la GN de manera permanente.
De igual modo, se deben de destacar dos preceptos relacionados a esta propuesta del PRI en San Lázaro. El primero de ellos es que el tricolor reconoció que para 2024 sería imposible que las policías municipales y estatales se hagan cargo de las tareas de seguridad pública y protección ciudadana con la misma eficacia con las que lo hace la Sedena. El segundo es que el Revolucionario Institucional había suscrito la moratoria constitucional.
La moratoria constitucional es un acuerdo pactado entre los partidos integrantes de la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD), donde Marko Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano instruyeron a sus compañeros de partido en el legislativo federal a no promover ni aprobar ningún cambio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que coincida con la agenda política de AMLO o Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
De tal modo que, en primer lugar, el PRI ponderó como necesario que la Sedena continúe a cargo del resguardo de la población ante los principales generadores de violencia de México (el narco, los secuestros y demás delincuencia organizada) y, en un segundo término, le dio la espalda al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el pacto firmado para oponerse al oficialismo.
Por su cuenta, los promotores de la Cuarta Transformación (4T), particularmente Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, se han puesto a trabajar para lograr consensos en dicho organismo, pues para que esta iniciativa sea ratificada en la Cámara Alta, se necesita de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los escaños en favor de la reforma.
Esto es de suma relevancia porque Miguel Ángel Osorio Chong, líder de la bancada del PRI en el Senado ya fijó postura en contra respecto a la iniciativa de su partido, por lo que esta iniciativa podría verse descalificada en la Cámara Alta, lo que representaría un obstáculo par el proyecto de seguridad nacional promovido por AMLO.
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