Madres Buscadoras de Sonora exigieron justicia por el asesinato de Aranza Ramos

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora exigieron justicia por el asesinato de Gladys Aranza Ramos Gurrola perpetrado el pasado 15 de julio a sólo unos metros de su domicilio en la comunidad Ejido de Ortiz, en Guaymas, luego de una extenuante jornada de buscar a su esposo desaparecido desde el pasado 7 de diciembre de 2020.

A través de un comunicado difundido por sus redes sociales, esta organización que se dedica a buscar personas desaparecidas en el estado, urgieron a los tres órdenes de gobierno no dejar impune este hecho y garantizar la seguridad de la familia de Aranza Ramos.

También resaltaron que debido a este hecho y las acciones realizadas desde hace años, ven con preocupación que su integridad y seguridad están en riesgo, lo cual perjudica sus labores de búsqueda.

“Lo único que queremos es traer a nuestros familiares de regreso a casa. Nos alarma mucho que las autoridades sean omisas a las necesidades que tenemos para encontrar a nuestros seres queridos y garantizar nuestra seguridad y protección mientras realizamos esta importante labor”, escribieron.

De acuerdo con cifras oficiales, las Madres Buscadoras de Sonora intentan encontrar a 4,000 personas desaparecidas. Hasta el momento han documentado cientos de hallazgos de cuerpos humanos, pero las autoridades no han transparentado sus identidades y procesos de investigación.

“Urgimos a las autoridades federales y locales para que coordinadamente se garantice seguridad y protección a todos los colectivos de familias que buscan a las personas desaparecidas. Nos indigna y duele que quienes buscamos tengamos riesgo de ser asesinadas”, destacaron.

Finalmente, exhortaron al gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a fortalecer el Sistema Estatal de Búsqueda y mejorar la Comisión Local de Búsqueda con el fin de procurar la justicia de todas las personas desaparecidas en la entidad.

Sobre el caso de Aranza Ramos, este 16 de julio la Fiscalía de Sonora prometió hacer justicia y aseguró que “es de cobardes privar de la vida a una mujer por sólo buscar su esposo desaparecido”, una activista a la que este departamento calificó de “valiente, activa, entusiasta y solidaria” en las acciones de búsqueda.

Las autoridades abrieron varias líneas de investigación, una de ellas relacionada con el activismo de Aranza.

Según las Madres Buscadoras de Sonora, la localidad Ejido de Ortiz, donde murió baleada esta activista, se han encontrado diversos crematorios clandestinos, algunos todavía con brasas y humo. “Ese Ejido es un lugar de exterminio activo”, denunciaron.

Hasta el momento, un total de 69 defensores de los derechos humanos y activistas ambientales han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó con su mandato en diciembre de 2018.

México tiene más de 87,800 personas desaparecidas reportados desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) lanzó su guerra frontal contra los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, las cifras durante los dos años y medio de este sexenio también han llamado la atención, pues han sido reportadas como no localizadas más de 21,000 personas.

Ante esta situación, desde hace varios años, familiares de los desaparecidos se unieron para buscar a sus seres queridos pese a los peligros que eso conlleva y las amenazas que muchos sufrieron por su accionar.

En muchos casos, han sido estos grupos los que han localizado cientos de fosas clandestinas en todo el país, aunque con el gobierno actual se creó una Comisión Nacional de Búsqueda que ahora suele acompañar la mayoría de los rastreos.

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