La comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dio el visto bueno este miércoles a la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que propone reformar la industria eléctrica para fortalecer a una empresa productiva del estado por encima de privados.
Con 31 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, la mayoría de Morena, el partido en el poder, aprobó la opinión positiva de la reforma. Con esta resolución, el documento pasará a las comisiones de Comercio y Competitividad, así como a la de Economía, para que también formulen opiniones sobre la propuesta de López Obrador.
Las tres comisiones sólo fueron designadas para revisar la iniciativa y formular una opinión. Será la comisión de Energía la que la discuta y apruebe o no el dictamen para que ésta pueda pasar al Pleno de la Cámara de Diputados.
Pero se trata del primer paso que se tomará en San Lázaro para definir si se aprueba o no la iniciativa de López Obrador. Antes de que pase a la comisión de Energía, se realizará a finales de esta semana un ejercicio de Parlamento Abierto para que los involucrados, afectados y expertos en el tema puedan expresar sus inquietudes y cuestionamientos.
La comisión de Presupuesto, encabezada por el diputado de Morena Erasmo González, indicó que la opinión positiva en favor de la propuesta de reformar la industria eléctrica “se emitió la opinión en tiempo y forma y tomando de referencia principal la opinión del Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados”.
“Esta iniciativa es antimonopólica, por el contrario, establece piso parejo para la Comisión Federal de Electricidad, generando una mejora en las finanzas de la empresa del Estado”, aseveró González, desestimando las múltiples críticas de la oposición, la iniciativa privada y los expertos hacia la reforma.
Por su parte, la diputada morenista Rocío Barrera manifestó que esta iniciativa es fundamental para el desarrollo del país porque establece un mecanismo legal que fortalece a la CFE y permite cumplir con el objetivo de no generar incrementos a las tarifas en términos reales y garantiza la seguridad energética.
Sin embargo, apenas este miércoles, la Cámara de Comercio Internacional en México se sumó a la lluvia de críticas contra la iniciativa de López Obrador. “Además de afectar a toda la industria productora de energías limpias, perjudicaría también profundamente y a largo plazo la reputación de nuestro país frente a los inversionistas privados nacionales y extranjeros”, argumentaron en un comunicado donde llamaron al Congreso a rechazar la propuesta.
Además, la ICC indicó que afecta de forma “irreversible” los derechos humanos de los mexicanos relativos a la salud y a un ambiente sano, como ya habían alertado más de una treintena de organizaciones civiles medioambientales. “Se contrapone a los principios de austeridad en el gasto del gobierno, porque tendrían que incrementarse los precios de la energía eléctrica al público o bien subsidiar con recursos públicos el consumo energético de la industria y los hogares mexicanos”, remarcaron.
Por último, llamaron a la CFE a “sujetarse a los principios constitucionales y de competencia económica como un ente regulado más en el mercado eléctrico”. La reforma, como advirtieron cámaras empresariales en los últimos días, “establecería nuevamente un monopolio estatal”, remarcaron.
Sin embargo, a pesar de que las críticas sólo se han acumulado desde la presentación de la iniciativa, López Obrador aseguró este martes ante la pregunta de si estaría dispuesto a hacer un cambio en su propuesta: “Nada, es muy sencillo lo que se está planteando”.
Además, Morena, el partido del presidente que tiene la mayoría en ambas Cámaras del Congreso, aseguró en San Lázaro que impulsarán la iniciativa sin cambios, como este miércoles quedó confirmado en la reunión de la comisión de Presupuesto.
Debido a que la iniciativa de López Obrador tiene carácter de preferente, la Cámara de Diputados tendrá como fecha límite para desahogarla el 2 de marzo. El Senado, por su parte, tendrá hasta el 1 de abril en caso de que en San Lázaro ocupen todo el tiempo disponible, o 30 días naturales luego de recibir la iniciativa de su colegisladora.
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