México haría mal en restringir el apoyo de la DEA

La prioridad inmediata de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es reparar las maltratadas relaciones del país con socios internacionales. Podría dar inicio a la estrategia abordando el colapso en la cooperación de seguridad con su vecino del sur, México.

Además de que México es uno de los socios comerciales más grandes de EEUU, es la mayor fuente extranjera de tráfico de heroína, cocaína y metanfetamina a EEUU. Ambos países están interesados en frenar el poder de los carteles de droga de México, pero las medidas tomadas en el último mes por el Gobierno mexicano harían justo lo contrario ya que ponen en peligro a ciudadanos de ambos lados de la frontera.

En diciembre, el Congreso de México aprobó una nueva ley de “seguridad nacional” que restringe las actividades de la Administración de Drogas y Narcóticos de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) en territorio mexicano. Según la ley, se impondrían límites a la capacidad de estos agentes estadounidenses de realizar operaciones encubiertas y reclutar informantes. Además, ya no tendrían inmunidad. Por otra parte, también deberán presentar al Gobierno mexicano informes mensuales sobre sus actividades. Los funcionarios locales necesitarán autorización de un panel de seguridad nacional antes de cooperar con EEUU y deben revelar el contenido de las conversaciones que mantengan con funcionarios extranjeros. Este requisito podría comprometer la información confidencial y poner en riesgo a fuentes clave para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Las restricciones cuentan con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya Administración fue desprestigiada cuando EEUU arrestó el otoño pasado al ex secretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, bajo cargos de conspiración con carteles de droga mientras estaba en el cargo. Después de que López Obrador supuestamente contemplara la expulsión de agentes de la DEA en represalia, el Departamento de Justicia de EEUU liberó a Cienfuegos y entregó la evidencia en su contra a investigadores mexicanos. La semana pasada, López Obrador anunció que cerraba la investigación y acusó a EEUU de “armar” el caso contra Cienfuegos. Peor aún, las autoridades mexicanas hicieron públicas 751 páginas de pruebas compiladas por el Departamento de Justicia, una violación de confianza que podría poner en peligro la futura cooperación de EEUU con los procesos penales mexicanos.

Los aliados izquierdistas de López Obrador ahora quieren renegociar la Iniciativa Mérida, bajo la cual EEUU ha proporcionado a México USD 3,000 millones en asistencia de seguridad desde 2008. Exigir que EEUU reduzca sus actividades antinarcóticos por respeto a la soberanía de su vecino podría tener más peso si las autoridades mexicanas tuvieran la capacidad de combatir el problema por su cuenta. Bajo López Obrador, está sucediendo lo contrario. La tasa de asesinatos en México sigue siendo alta, mientras que el tráfico de fentanilo ha aumentado, lo que contribuye a un número récord de muertes por sobredosis en EEUU.

Biden debería realizar una revisión exhaustiva de la relación de seguridad entre los dos países. En primer lugar, debe presionar al Gobierno mexicano para que retire elementos de la ley de seguridad nacional que amenazan con anular la cooperación entre agentes estadounidenses y cuerpos de seguridad locales mexicanos, que dependen en gran medida de la inteligencia proporcionada por EEUU. El Gobierno también debe insistir en que López Obrador procese a los funcionarios de alto rango acusados de corrupción, aumente el gasto destinado a la Policía y revitalice operaciones conjuntas contra los carteles más peligrosos, particularmente aquellos involucrados en la producción y el contrabando de fentanilo.

A cambio, Biden debería dar a las agencias estadounidenses más recursos para detener el flujo ilegal de armas estadounidenses, que representan 70% de las armas de fuego recuperadas por la Policía mexicana. Si bien la Administración debería pedirle al Congreso que mantenga los niveles actuales de asistencia de seguridad de EEUU —que la Administración Trump propuso reducir en un tercio—, debería alejarse de un énfasis obstinado en la seguridad fronteriza. Debería enfocarse más en la profesionalización de la Policía, el fortalecimiento de las capacidades policiales de los Gobiernos estatales y municipales y la promoción de esfuerzos comprobados de prevención de la violencia. Los agentes estadounidenses deberían acordar una mayor transparencia sobre las operaciones realizadas dentro de México, siempre que no impida la recopilación de inteligencia crítica.

Combatir el flagelo del narcotráfico y la delincuencia organizada es fundamental para la relación entre EEUU y México y la estabilidad de la región en general. Permitir que dicha cooperación se deteriore es un error que ningún país puede permitirse.

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