Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, la Cámara de Diputados no ha regresado a su periodo de sesiones ordinarias; sin embargo, el cabildeo no se detiene y la propuesta de Juanita Guerra Mena, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha dado de qué hablar en la esfera pública por los temas que lleva a la mesa.
Y es que la propuesta menciona que los operadores de telecomunicaciones deben utilizar una plataforma para que la policía que se encuentra investigando delitos pueda tener acceso automatizado a los datos de comunicaciones de una persona.
La propuesta de Guerra Mena busca reformar los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el documento que presentó la diputada morenista se establece que “fiscales, procuradores y Guarda Nacional deben poder solicitar a operadores la geolocalización de los dispositivos”.
Ya que un juez ordene la geolocalización de un usuario o su dispositivo, los operadores “deberán atenderla de inmediato y con la suficiencia necesaria, o darán el acceso o la transmisión de las comunicaciones electrónicas de una persona”.
Es decir que si un juez considera que la solicitud de entrega de datos conservados en la plataforma tiene justificación, entonces se dará acceso a la autoridad que esté investigando. En resumen, la plataforma de la que habla la iniciativa serviría para que la policía tenga acceso a los datos de tráfico.
Uno de los objetivos principales es colaborar de “manera corresponsable, eficiente, efectiva y oportuna con las instituciones de seguridad”.
Sin embargo, si los datos no sirven como medio de prueba, entonces la información debe ser eliminada, plantea el documento que presentó Juanita Guerra Mena.
“Será justificada la solicitud a que refieren los párrafos anteriores, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada”, se lee en el comunicado presentado por la diputada Juanita Guerra Mena.
Hay que recordar que la entrega de geolocalizadores por parte de las empresas especializadas ya lo contemplan las leyes, entonces lo diferente de esta iniciativa será que se construya un mecanismo para dar la información.
Por si fuera poco, señalan cómo será el procedimiento para que fiscales y procuradores acudan a un juez para tener acceso a la ubicación digital de un equipo. A pesar de que la iniciativa generó un debate en la opinión pública, todavía tiene un esatus primario, pues primero debe pasar por las comisiones y en el caso de ser aprobada subirse al pleno de la cámara.
La idea de Juanita Guerra Mena también involucra al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano que se encargaría de construir la plataforma en la que las autoridades correspondientes recibirían de los operadores una serie de datos sensibles, tales como la geolocalización.
La propuesta Guerra Mena toma relevancia en un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un conflicto con organismos autónomos, ya que según él fueron dependencias creadas en la “época neoliberal” y representan un “gasto considerable para el gobierno”.
Con el objetivo de ya no gastar dinero en renta de oficinas, viáticos y gastos superfluos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que este 2021 habrá una revisión de organismos autónomos, entre los que destacan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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