Una de las conductas que más se padecen en el espacio público, particularmente para las mujeres, es el acoso sexual. Ante esto, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México, Ana Cristina Hernández Trejo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal local y castigar con cuatro años de prisión a quienes cometan esta falta en el transporte público.
Hernández Trejo destacó que este tipo de conductas afectan a ambos género, pero en mayor medida a las mujeres, pues “atenta contra la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad”. Además, el objetivo de esta medida sería garantizar una movilidad más segura, así como transitar de manera libre en las calles.
En la actualidad, el Código Penal de la capital contiene, en su artículo 179, que el tipo penal de acoso sexual se castiga con uno a tres años de prisión; sin embargo, la morenista planteó que se debe “establecer un agravante respecto al acosos sexual en espacios públicos y medios de transporte”.
La iniciativa fue presentada por la legisladora el pasado jueves 22 de octubre y turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, organismo que se encargará de su análisis y dictamen.
En la capital del país, el acoso sexual en la vía pública a las mujeres se ha convertido en un problema de suma relevancia. De acuerdo con informes estadísticos de la Fiscalía General de Justicia, las denuncias por este delito aumentaron un 433% desde el 2014 al 2017.
Debido a esto, las autoridades de la capital han emprendido varias acciones y campañas para la prevención del delito, como la colocación de vagones exclusivos para mujeres en el metro y metrobús, pero esto no ha amainado el problema y las denuncias se han mantenido.
Por otra parte, cabe recordar que la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó por consenso, en lo general y particular, con 351 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen que establece sanciones administrativas graves a los servidores públicos que realicen actos de hostigamiento y acoso sexual.
De acuerdo con las y los legisladores, aquellos quienes valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión lleven a cabo dichos actos, podrían obtener castigos ejemplares, de acuerdo con el comunicado oficial.
Con la adición de la fracción XIV al artículo 7 y de los artículos 64 Ter y 64 Quater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se estableció la obligación para los servidores públicos de promover, respetar, proteger y garantizar el acceso a todas las mujeres a una vida libre de violencia.
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la diputada Beatriz Rojas Martínez, de Morena, señaló que el documento hace evidente la necesidad de atender urgentemente la problemática sobre la violencia de género contra las mujeres.
Las reformas, aseguró, responden a un panorama de violencia de género que alcanza a las instituciones públicas. Mencionó, por otra parte, que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, el 48% de los presuntos culpables se encuentran laborando actualmente; además, hay carpetas abiertas contra 358 funcionarios públicos.
El Estado, expuso, tiene el reto de reforzar su estrategia de seguridad pública, así como enfrentar los altos niveles de inseguridad y violencia que afectan a las mujeres y niñas, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política y en cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En todo el país, cuatro de cada 10 mujeres son víctimas de hostigamiento, acoso, abuso sexual o violación. En lo que va del 2020 se han abierto más de 2,500 carpetas de investigación por violencia de género, 24,000 por abuso sexual, 4,500 por acoso y 1,500 por hostigamiento.
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