La propuesta presentada este miércoles en el Senado de eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa de la Constitución fue recibida con malos ojos por los expertos, que la tildaron de “una ocurrencia” y una “medida populista”.
En la sesión de la Cámara Alta, el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza propuso, a través de una iniciativa, eliminar el catálogo de la figura “punitiva” de prisión preventiva oficiosa de la Constitución Política, la cual lo contiene en su artículo 19.
Desde la tribuna, el legislador destacó que en materia de justicia “no se ha construido un modelo democrático, sino uno de regresión con algunos cortes autoritarios”. “No se puede edificar un modelo democrático de justicia de seguridad, si se apela a concepciones autoritarias y retrógradas como el derecho penal del enemigo”, manifestó.
Señaló que la violación al principio constitucional de presunción de inocencia y al derecho al debido proceso es una grave consecuencia de la prisión preventiva oficiosa. “Lo que se ha hecho es una reforma que ha generado una colisión de derechos en consistencia con lo que establece la Constitución y los instrumentos internacionales que México ha ratificado”, aseveró.
El senador también acusó a los “gobiernos neoliberales” de apostar por el endurecimiento de las penas como medida para contener la inseguridad, pero sin éxito. “El problema está esencialmente en la capacidad técnica instalada en el actuar de los operadores de justicia y el personal sustantivo en agentes del ministerio público, peritos y policías, pues genera incapacidad en materia de procuración de justicia”, explicó.
Sin embargo, el abogado César Gutiérrez Priego, especialista en derecho penal, militar y seguridad nacional, señaló su desacuerdo con la iniciativa. “Es por una cuestión muy sencilla: tenemos en México un sistema judicial muy lento, muy poco eficaz, saturado y que copia el sistema estadounidense”, expresó a Infobae México.
“Si bien es cierto que en los países sajones se puede dar esa posibilidad, pero también lo es por el hecho de que se garantiza la libertad del imputado para que no se extraiga la acción de la justicia”, precisó. “Es una ocurrencia que no tiene futuro”, expresó a este medio un juzgador federal que solicitó el anonimato para expresarse cándidamente.
Sin embargo, en México, Gutiérrez Priego recordó que sólo se castiga al 1% de los delincuentes que cometen un delito. “Sería enloquecer la inseguridad del país, ya que con esa propuesta no habría nadie preso hasta que se le sentenciara de un delito y mientras podría seguir delinquiendo sin ninguna problema, como ya lo hemos visto en cientos de casos”, completó.
Álvarez Icaza, por su parte, se posicionó a favor de consolidar y robustecer el sistema de justicia penal acusatorio y garantista, para contribuir a la independencia judicial donde se retome la naturaleza procesal de la medida cautelar, sin atentar contra los derechos a la libertad ni a la integridad personal.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que la analizarán. Sin embargo, por la falta de apoyos debido a que Álvarez Icaza no cuenta con grupo parlamentario, es difícil que la iniciativa avance.
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