El pasado 23 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a 43 empresas por emitir facturas falsas y ahora la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que se encuentra investigando a los ex funcionarios de la dependencia que habrían permitido dichas faltas.
Estos fraudes habrían tenidos lugar durante la gestión de Aristóteles Núñez y Osvaldo Santón, en el 2018, cuando por medio de esquemas de defraudación fiscal varios políticos se habrían enriquecido y financiado campañas electorales.
De acuerdo con lo que Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, dijo al diario Milenio, desde su secretaría se esta investigando a los funcionarios que presuntamente incurrieron en estos delitos y “permitieron que estos esquemas de las factureras se normalizaran en la vida pública”.
Aseguró que estas personas dejaron que se incrustara la compra de funcionarios públicos en la dependencia, a pesar de tener la obligación legal y moral de observar y denunciar los abusos que presenciares.
Por otro lado, celebró el trabajo de la actual titular del SAT, Raquel Buerrostro, que, junto con sus elementos internos, han investigado cuándo, cómo y quiénes permitieron este tipo de prácticas.
La funcionaria explicó a los periodistas Rafael Montes y Víctor Hugo Michel, que las investigaciones por las defraudaciones, evasión fiscal u operación de las factureras se hace, también, en coordinación con la entonces jefa del Servicio, Margarita Ríos-Fajat.
Incluso detalló que se coordinan con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para frenar posibles esquemas de lavado de dinero.
Por otro lado, Milenio informó que la Procuraduría Fiscal encontró que hubo una evasión de 500 mil millones de pesos y que ya se están preparando las primeras órdenes de aprehensión sobre el caso.
Raquel Buenrrostro dio a conocer el caso en una conferencia matutina del actual presidente de México, Andrés Mnuel López Obrador, donde explicó como habrían realizado el fraude.
De acuerdo con la funcionaria, el año más prolífico para este tipo de prácticas fue el 2010 y su objetivo era aumentar con gastos falsos sus gastos reales y así disminuir sus utilidades y pago de impuestos.
Este esquema, indicó, se utiliza para mantener empresas ilícitas basadas en construcción, manufacturas y servicios.
En ese momento, el procurador fiscal anunció que se presentarían siete querellas contra quienes ofrecen facturas bajo este esquema, el cual será presentado como defraudación fiscal y lavado de dinero, para equiparar este delito a delincuencia organizada.
Reveló que el fraude por facturas falsas es de 55 mil 125 millones de pesos. Las empresas factureras presentaron operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, por lo que se dejaron de pagar 24 mil 583 millones de pesos de ISR y de 11 mil 396 millones de pesos en IVA.
También las empresas factureras pagaron nómina pero no pagaron al SAT la retención de ISR por 19 mil 146 millones de pesos.
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