En México existe un grave problema en torno a las cifras reales de los delitos, pues las estadísticas criminales de las autoridades únicamente registran el 6.8% de los 33 millones de ilícitos cometidos, es decir que los Ministerios Públicos tan sólo abrieron carpetas de investigación para 2.2 millones de ilícitos, de acuerdo con la organización civil, México Evalúa.
Según el informe de la organización basado en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 y en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo 3.5 millones de delitos se denuncian ante el Ministerio Público (10.6%), mientras que el resto, 29.5 millones (80%), no son denunciados.
La explicación que México Evalúa proporcionó en torno al bajo número de denuncias registradas por los Ministerios Públicos es la existencia de subjetividad para abrir o no una carpeta de investigación, así como otros factores, entre los que destacan el subregistro, la clasificación errónea o la manipulación de cifras delictivas.
También destacaron que las fuentes convencionales de datos delictivos, como las llamadas de emergencia a números locales y al 911, o los reportes tienen un potencial muy importante para visibilizar y medir el fenómeno criminal; sin embargo, estos métodos no suelen ser tomados en cuenta.
“Las llamadas de emergencia al 911 son una mina de oro que todos los actores del Sistema Nacional de Seguridad Pública deben reconocer, porque representan en muchos de los casos, a veces seis, siete veces más de las carpetas de investigación que abren las Fiscalías”, comentó David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información (CNI) del SESNSP durante un foro virtual.
Por su parte, Edna Jaime, directora de México Evalúa, propuso generar nuevas estadísticas criminales tomando en cuenta estas llamadas u reportes policiales con el objetivo de tener “datos oportunos, desagregados por coordenadas geográficas que puedan mejorar la inteligencia policial”.
Un ejemplo de esta crisis en las cifras fueron las llamadas de emergencia por violencia familiar, las cuales, durante el mes de junio de 2020, contabilizaron 61,945, no obstante, únicamente se abrieron 18,884 carpetas de investigación por el mismo delito, es decir que por cada tres llamados se comenzó una indagatoria.
A mediados de julio, la organización Causa en Común también presentó un informe semestral, en el cual señaló que las las entidades “posiblemente” no están reportando los crímenes de alto impacto o están siendo registrados como delitos de menor gravedad.
“De manera peculiar, algunas entidades presentan bajos números y tasas de registros de ciertos delitos, aunque tuvieron altos números y tasas de reportes en otros”, destacaron en el análisis, en el cual pusieron de ejemplo a Colima, donde los robos con violencia se redujeron un 85%; no obstante, las tasas por asesinatos y violencia familiar son las más altas en el país.
Otro caso que “llamó la atención” es el de Michoacán, pues el estado reportó solamente siete casos de extorsión en todo el semestre. “Hay un serio problema de subregistro, principalmente por la desconfianza y las dificultades para denunciar, y debido a las muy probables manipulaciones y ocultamientos por parte de autoridades”, explicó María Elena Morera, presidenta de la organización.
El subregistro es “particularmente grave” en los delitos de extorsión, secuestro, y robo de vehículos con violencia. “Algunos estados no registran estos delitos y el SESNSP no hace aclaración alguna al respecto. El riesgo que se corre es que se difunda la idea de que estas entidades, y el gobierno federal, estén atendiendo eficazmente la violencia cuando, en realidad, no la reportan”, afirmaron.
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