Familiares y amigos de las 15 víctimas de la matanza en el pueblo indígena de San Mateo del Mar, Oaxaca, exigieron este martes justicia por el crimen cometido el pasado 21 de junio.
Uno a uno, los familiares fueron entrando en la funeraria en el municipio de Salina Cruz para conocer la forma en que los cuerpos son arreglados para su traslado a la localidad de Huanzantlán del Río, a 17 kilómetros, donde pretenden sepultarlos.
Sin embargo, los familiares y amigos revelaron que han recibido presuntas amenazas de que el grupo armado que provocó la matanza no les permitirá enterrar los cuerpos. Así lo dijo a la agencia EFE Adriana, quien perdió a su hermano.
Además, exigió que se haga justicia por esta matanza que se enmarca en un conflicto de hace 10 años por el control del municipio de Santa Mateo del Mar entre varias comunidades indígenas.
Por su parte, María del Rosario Guerra Salazar, quien sobrevivió al ataque al lograr escapar del grupo armado afirmó que sólo reclamaban el alto a la violencia en contra de las mujeres de la comunidad indígena.
Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó este martes en su conferencia matutina desde Palacio Nacional que la matanza se debió a una “confrontación por el Gobierno municipal”.
La noche del pasado domingo, 15 personas fueron “torturadas y quemadas vivas” en la comunidad indígena ikoots en San Mateo del Mar, según las autoridades locales.
El presidente municipal Bernardino Ponce de León acusó que los responsables fueron hombres que pertenecen a un grupo armado respaldado por Gualterio Escandón, alias “Gual Perol”, jefe de plaza de la delincuencia organizada, quienes arremetieron contra los pobladores “por no someterse a los intereses de la banda delincuencial que aspira a controlar el municipio por su ubicación estratégica para el tráfico de indocumentados y almacenamiento de combustible robado”.
De acuerdo con medios locales, el alcalde identificó a quienes encabezaban el grupo como Camerino Dávalos Larrinzar, Pedro Dávalos Larrinzar, Laura Fiallo Sandoval, Marcelino Ramírez Nolasco, Iván Mateos López y José Luis Chávez Salinas. Este último se ostenta como agente municipal de Huazantlán del Río.
Mediante un comunicado, se detalló que las víctimas “no hacían más que defender su derecho de manifestación pacífica para reclamar sus derechos al haber sido detenidos y retenidos por quien se ostenta como agente municipal de Huazantlán”.
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