Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una pieza periodística en donde enumeran distintas inconsistencias por parte del ejecutivo federal durante el periodo de la crisis sanitaria en México a causa del coronavirus.
María Amparo Casar, consejera del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y presidenta ejecutiva de MCCI, y Gerardo Carrasco, director jurídico de MCCI publicaron “La ilegalidad presidencial en tiempos del coronavirus”, un artículo en donde enumeran cuatro “omisiones” y otras cuatro “acciones ilegales o de dudosa legalidad” por parte de la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
Respecto a las omisiones señaladas están la tardía convocatoria del Consejo de Salubridad General, mismo que tendría la “competencia para clasificar nuevas enfermedades como transmisibles y de vigilancia epidemiológica”, así como para establecer los protocolos de acción para combatir al COVID-19.
Otro postulado del texto señala la falta de previsión en la adquisición de medicamentos y equipo médico que, de acuerdo con Casar y Carrasco Chávez, “provocó escasez en el equipo indispensable para que el personal médico pudiera atender, con la protección necesaria, a los contagiados que requerían hospitalización”.
También señalan la falta de apoyo a migrantes durante la crisis, lo cual representa un atropello a sus derechos humanos. Esto ha sido reconocido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
En la última observación respecto a las omisiones, el texto increpa la poca transparencia y manejo de recursos públicos.
“No hay padrones consultables de los beneficiarios de los programas sociales que serán ampliados, ni sobre los 3 millones de créditos anunciados en la emergencia, ‘sin necesidad de garantías’, para las MiPyMES”.
En cuanto a las acciones ilegales o de dudosa legalidad, los señalamientos más profundos se refieren al origen y destino de los recursos públicos para hacer frente a a pandemia, mismos que no se apegan a las normas constitucionales y legales.
“El gobierno no ha informado con un mínimo de exactitud de dónde procederán los supuestos 622 mil 500 millones de pesos con los que enfrentará la emergencia. Pero algo se ha podido indagar”, señalan en el texto.
También dirigen su atención a la metodología utilizada para seleccionar las actividades esenciales durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, en donde acusan una “trampa” legal arbitraria e injustificada que repercutió negativamente en distintas actividades económicas.
Otro acto que critican es la contratación de profesionales de la salud de otros países con una “carta responsiva de la autoridad sanitaria del país de origen”, siendo que el artículo 79 de la Ley General de Salud establece que “para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina (…) se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes”.
Asimismo, manifestaron su reprobación total a las adjudicaciones directas que han salido a la luz en distintos medios de comunicación y a los decretos presidenciales y los calificaron como “al margen de la ley”.
“El decreto del 23 de abril de 2020 que establece las ‘medidas de austeridad’ ante la emergencia atropella la facultad de la Cámara de Diputados para decidir el destino de los recursos”, aseguran en el texto.
El documento también critica otros decretos que ocurrieron durante este periodo de aislamientos social, pero que no tenían que ver con la emergencia sanitaria. Por ejemplo mencionan el anuncio presidencial que pretende regresar a las empresas concesionarias de radio y televisión que lucran con el uso del espacio radioeléctrico del Estado los tiempos fiscales.
“Esto implica: i) que las empresas tendrán que invertir para generar mayores contenidos, pues los tiempos fiscales no podrán sustituirse con mensajes publicitarios, y ii) que las empresas tengan que pagar el impuesto correspondiente, pues los tiempos fiscales representaban el pago de dicha contribución”.
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