Entre el desplazamiento forzado y la pandemia, más de 3,300 indígenas están en riesgo de hambruna

Al menos 3,304 integrantes de comunidades originarias de los municipios de Aldama, Chalchiuitán y Chenalhó, en el estado de Chiapas, padecen condiciones infrahumanas derivado del desplazamiento forzado por la violencia generalizada y de la epidemia de coronavirus en México.

Como resultado de la precariedad en la que se encuentran viviendo, los miembros de estas comunidades solicitaron el apoyo del gobierno en los niveles estatal y federal para que implanten medidas emergentes que les ayuden a tener una vida digna, tales como el Plan de Emergencia Alimentaria y la presencia de la Cruz Roja Internacional. Es decir , tras sufrir distintos tipos de vejaciones, llaman a Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de la entidad y a Andrés Manuel López Obrador a que establezcan algún tipo de ayuda.

De acuerdo con el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. (FISANIM) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), organizaciones que acompañan a los desplazados, se sabe que los habitantes de los municipios chiapanecos migraron de sus lugares de origen debido a los constantes ataques de grupos armados que existen en la periferia de las comunidades.

También dan cuenta de que varios de sus domicilios fueron quemados, balaceados o destruidos de diversas formas. Asimismo, no tienen acceso a sus tierras de cultivo, donde cosechaban sus alimentos.

Estas comunidades fueron desplazadas desde 2016, por tal razón, ahora viven en casas prestadas o rentadas financiadas por las fundaciones que los apoyan; sin embargo, las condiciones resultan sumamente oprobias para sostenimiento de su existencia. Ahora, entre el hacinamiento y la delincuencia, estas más de 3,000 personas buscan sobrevivir a la emergencia sanitaria de COVID-19. Por tal motivo, también hacen un llamado solidario a la sociedad civil para combatir la crisis alimentaria y desnutrición en Chiapas.

Esta invitación no es para menos, pues de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa) el avance del SARS-CoV-2 hasta el martes 26 de mayo es de 8,135 decesos y 74,560 casos acumulados de esa enfermedad. Eso quiere decir que la cantidad de decesos por día sigue en aumento y la Jornada Nacional de Sana Distancia está por terminarse el próximo domingo 31 de mayo.

En consecuencia, a partir del lunes 1 de junio, municipios que no habían manifestado brotes del nuevo coronavirus, podrían estar expuestos con la reactivación de actividades económicas. Tal como lo señala el infectólogo Francisco Moreno Sánchez.

“Mi impresión es que no hay fronteras para que tú puedas delimitar en un municipio donde supuestamente no ha habido casos. Esto pone en riesgo a una población que, al no tener casos de COVID, pues es una población totalmente susceptible de tener un brote, porque al no haber casos, quiere decir que toda la población no tiene anticuerpos y, por lo tanto, esa población es susceptible”, declaró el doctor para Infobae.

Cabe mencionar que la falta de alimento y el hacinamiento deja aún más vulnerable a los que eran habitantes de Aldama, Chalchiuitán y Chenalhó, pues la desnutrición afecta el sistema inmune, única defensa natural que tiene el ser humano ante la nueva cepa de coronavirus; por el otro lado, la cercanía entre los integrantes de las comunidades va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que promueven el distanciamiento social.

También, se debe de entender que en estas circunstancias no se cuenta con la indumentaria mínima para garantizar la bioseguridad de cada habitante, pues difícilmente tienen agua para realizar el lavado de manos recomendado, no cuentan con gel antibacterial e indumentaria como mascarillas o cubrebocas son totalmente ajenos por sus condiciones de pobreza.

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