Lozoya desvió de Pemex 83 mdp a través de empresas fachada

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, desvió 83 millones de pesos a través de empresas fachada durante su administración, anunció Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En la plenario de los senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el funcionario habló sobre los casos nuevos de corrupción y destacó que la administración pasada se caracterizó por el desvío de recursos a través de empresas fantasmas, como ocurrió en la llamada “Estafa Maestra”, la cual fue una nueva modalidad para obtener recursos con fines electorales o personales.

Santiago Nieto dejó claro que el nuevo caso de corrupción está relacionado con Pemex y Emilio Lozoya. “Es un caso de 83 de millones, donde se utiliza nuevamente a una universidad y esa universidad contrata empresas fachadas. En este caso lo que encontramos en la administración, fue la generación de empresas fachada; esas empresas fachadas competían ilícitamente contra los empresarios porque ganaban los contratos y estas empresas tres o cuatro meses de haber ganado millones de pesos desaparecían”,explicó.

El dinero, dijo, era trasladado a cuentas particulares, "de ahí se sacaba el dinero en efectivo y por traslados de valores era llevado a distintos lugares de la República, e inclusive, fuera de las fronteras nacionales, evidentemente distrayendo recursos públicos para fines de naturaleza personal o electoral”.

Nieto Castillo destacó que el problema con las empresas fachada es que al final del día son un camino de corrupción. Anteriormente era común que se efectuaran sobornos hacia los servidores públicos. Sin embargo, el caso de Lozoya se asemeja a otros tantos que han sido detectados en la anterior administración del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), donde se generaban empresas fachada que ganaban contratos millonarios y posteriormente desaparecían.

Ante los senadores, el titular de la UIF destacó que su dependencia ya informó a Secretaría de Relaciones Exteriores para que se proceda conforme al marco constitucional vigente. Frente a esta problemática, Santiago Nieto también les pidió a los legisladores integrar a través de una reforma legal, a la UIF dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para tener mayores herramientas de fiscalización y combatir este tipo de delitos.

"Es muy importante que estas herramientas con las que cuenta la UIF se coordinen de mejor forma con las demás instituciones del Estado Mexicano y una posibilidad de esa mejora en la coordinación podría ser que la UIF formara parte del SNA. Es una de las iniciativas que está presentada en este Senado”, explicó.

Asimismo, les recordó a los senadores morenistas, que durante 2019 esta instancia presentó a la Fiscalía General de la República (FGR) 160 denuncias que involucran montos de depósitos por 317 mil millones de pesos y en retiros de 286 mil millones. El funcionario recordó que la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fijó como estrategia combatir la estructura financiera del sicariato de los cárteles del narcotráfico que operan en México.

Santiago Nieto dejó claro que “los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, son protegidos, promovidos o apoyados por grupos de poder, particularmente local; y esa es la corrupción política que tiene que ser combatida es precisamente esa, para poder abatir la protección que tienen, particularmente territorial estos grupos".

El funcionario destacó que la apuesta de esta administración es congelar las cuentas y encontrar las personas físicas y morales que son utilizadas para el lavado de dinero. "Si bien se han congelado cuentas y se ha hecho un combate al lavado de dinero, también hay que minar la corrupción política de grupos locales, que le da protección a estas organizaciones delincuenciales”. Por último, agregó que es necesario contrarrestar la corrupción al interior de los ministerios públicos y la judicial, debido a que también les otorga mecanismos jurídicos de protección.

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