Por Pilar Lozano Mac Donald*
El escenario actual en materia de violencia de género es alarmante. Conforme a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mes de enero, por ejemplo, ha sido el mes más violento de los últimos 30 años, con lo que conlleva, por citar un dato emblemático: en enero de este año, llegaron al Ministerio Público 1,177 casos de víctimas de violación simple y violación equiparada. Por otro lado, se registraron 13, 398 víctimas de violencia familiar.
Es sintomático de esta atmósfera en el país, que el 66% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia y, de ese universo, 44% ha sido violencia que proviene de su pareja (El Economista, 7 de marzo de 2019).
Los mismos datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, señalan como durante los dos primeros dos meses del actual gobierno, se registraron 143 delitos de feminicidio.
Es más, el 56% del territorio nacional, es decir más de la mitad, se encuentra formalmente declarado en alerta de violencia de género contra mujeres, esto es, 16 de las 32 entidades federativas cuentan ya con declaratoria de violencia de género.
La circunstancia tradicional en la que la sociedad ha colocado a la mujer exige actualmente un cambio de visión sobre la forma de defender la exigencia de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida nacional.
Debemos partir del hecho de que la paridad de género es un principio democrático con el cual se tiene que lograr el libre acceso de las mujeres a los espacios de decisión. En consecuencia, la igualdad plena de derechos entre mujeres y hombres resulta fundamental para el fortalecimiento de la vida democrática del país.
Lo anterior implica, que debemos superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de mujeres en México, tal es el caso de las mujeres indígenas, jefas de familia, adultas mayores, mujeres rurales, entre otras más.
Por ello, el proceso de empoderamiento parte de la búsqueda de la integración de mujeres y hombres con políticas públicas que se orienten en tres direcciones:
1. Promuevan la asignación de presupuestos con perspectiva de género en los distintos órdenes de gobierno.
2. Cumplan cabalmente con la paridad de género para que las mujeres estén representadas en los espacios de decisión.
3. Impulsen la armonización legislativa del marco legal en los ámbitos nacional y local, que comprenda el uso de un lenguaje incluyente, incorpore derechos progresivos de las mujeres e impulse una reforma laboral intergeneracional y con perspectiva de género que garantice: seguridad social, igualdad salarial, respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, estimule empleos de calidad y sancione la discriminación hacia las mujeres.
Como mujer y como legisladora, levanto la voz para demandar un alto a esta condición de permanente acoso hacia la mujer, que nos hace sentir en un grado máximo de inseguridad y nos convierte en seres de alto riesgo para vivir en México.
Con un mayor presupuesto, con voces femeninas en los espacios de poder y los cambios legislativos pendientes, habremos de avanzar en la ruta que permita una plena integración de mujeres y varones para alcanzar igualdad de oportunidades, un mejor desarrollo y con ello, un verdadero impulso a la vida democrática del país en condiciones normales para la mujer.
Este compromiso de empoderamiento es por las niñas, las jóvenes, las amas de casa, las indígenas, las mujeres del campo, es por todas.
*Pilar Lozano Mac Donald es diputada por Movimiento Ciudadano
Lo aquí publicado es responsabilidad del autor y no representa la postura editorial de este medio
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