El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha señalado este lunes que las autoridades federales protegerán a aquellas “clínicas de salud reproductiva” que puedan ser objetivo de ataques y a todas las mujeres que busquen interrumpir su embarazo de manera voluntaria en Texas, después de que haya salido adelante en el estado sureño una de las leyes contra el aborto más restrictivas del país.
“El Departamento de Justicia brindará apoyo a la Policía Federal cuando una clínica en la que realicen abortos o un centro de salud reproductiva sea atacado. No toleraremos la violencia contra quienes buscan obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva”, ha remarcado.
Garland ha insistido en que actuarán contra aquellos que contravengan la conocida como Ley FACE, que prohíbe el uso de la fuerza, obstruir, o lanzar amenazas contra aquellas personas que buscan obtener proporcionar servicios médicos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo.
En un comunicado, el fiscal Garland ha explicado que el Departamento de Justicia se encuentra estudiando de manera “urgente” todas las opciones posibles para impugnar la nueva ley contra el aborto del estado de Texas “con el fin de proteger los derechos constitucionales de las mujeres, incluido el acceso al aborto”.
“Continuaremos protegiendo a quienes buscan obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva de conformidad con nuestra legislación”, ha subrayado. La Ley FACE contempla penas económicas de hasta 100.000 dólares (unos 84.000 euros), e incluso la cárcel para los reincidentes, para quien obstruya la entrada a este tipo de clínicas, ya sea mediante amenazas o violencia.
La nueva ley del aborto texana es una de las más estrictas de Estados Unidos y prohíbe el aborto cuando se detecte latido fetal --a partir de las seis semanas de gestación--, que a menudo es antes de que la mujer sepa incluso que está embarazada. No prevé supuesto alguno por violación o incesto, aunque sí existe una excepción por “emergencias médicas”.
También permite a los ciudadanos presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una mujer embarazada a abortar y prevé recompensas de hasta 10.000 dólares por ello.
La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una recurso de apelación de un grupo de clínicas abortivas para impedir que la legislación entrara en vigor, gracias a la mayoría conservadora de cinco votos, que argumentó razones de procedimiento para no intervenir.
(Con información de Europa Press)
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