El Tribunal Supremo de Estados Unidos mantuvo este jueves en suspenso una restrictiva ley del aborto aprobada en el estado de Luisiana en la que fue la primera gran decisión sobre el aborto del Alto Tribunal desde la llegada al poder del presidente, Donald Trump.
Con cinco votos a favor -los cuatro progresistas y el conservador John G. Roberts Jr.- y cuatro en contra -el resto de conservadores-, el Supremo bloqueó la implementación de la norma mientras los magistrados estudian más a fondo su constitucionalidad.
La restrictiva ley obliga a los médicos que practican el aborto en Luisiana a gozar de derechos de admisión en algún hospital a 30 millas (unos 50 kilómetros) de su clínica.
Sus críticos habían denunciado que la norma dejaría a un solo médico apto para practicar el procedimiento en un estado de 4,7 millones de habitantes que tiene una demanda anual de unos 10.000 abortos.
Louisiana argumenta que dicha ley es necesaria para proporcionar un mayor nivel de competencia médica, pero los críticos dicen que no existe una justificación médica para la ley y equivale a un intento velado de restringir ilegalmente el aborto.
La decisión del jueves es la primera que toma el Supremo sobre el aborto desde que Trump llegó a la Casa Blanca y puso a dos magistrados conservadores -Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, ambos con el apoyo de los grupos antiabortistas.
Estos grupos aspiran a que la corriente conservadora que lidera Trump empuje al Supremo a revertir la legalización del aborto que aprobó en 1973.
La última vez que el Alto Tribunal se había pronunciado sobre el aborto fue en 2016 cuando declaró "inconstitucional" una ley de Texas muy parecida a la de Luisiana que está bajo estudio.
En esa ocasión, también cinco magistrados -uno de ellos conservador- tumbaron la norma al considerar que no ofrecía beneficios para la salud de las mujeres y que suponía un obstáculo a su derecho constitucional de someterse a un aborto.
El fallo sobre la ley de Texas se consideró la decisión más importante del Supremo sobre el aborto desde que lo legalizó en 1973 al declarar inconstitucional cualquier interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre el embarazo.
En los últimos años, varios estados de tendencia conservadora han tratado de sortear ese fallo aprobando normas que obstaculizan el acceso al aborto amparadas en los derechos religiosos o la salud de las mujeres.
Con información de EFE
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