
Horror. Eso fue lo que generó el juez Sam Benningfield cuando se supo las ofertas que había hecho a adictos condenados por posesión de drogas. Un interminable número de abogados, fiscales y organizaciones sociales lo demandaron y se negaron a cumplir sus órdenes por considerarlas inapropiadas.
El magistrado del condado de White County, en Tennessee, le ofrecía a los condenados por drogas un procedimiento de esterilización a cambio de una sensible reducción en sus sentencias. De esta forma, argumentaba Benningfield, no pondrían a sus potenciales hijos en riesgo, ya que no podrían tenerlos. Pretendía romper el círculo vicioso que se generaba entre padres e hijos, afirmaba, mediante vasectomías e implantes de control de natalidad en las mujeres. Pero su fundamentación no fue suficiente.
Asociaciones de derechos civiles iniciaron acciones legales contra el juez y consiguieron que sus ofertas se frenaran y que nadie realizara las intervenciones que ordenaba. La propuesta hecha desde el estrado era lo más parecido a la eugenesia que se había registrado en el condado, manifestaban sus retractores. Y la Justicia les dio la razón.

El Comité de Conducta Judicial de Teneesee lo reprimió en una carta dirigida a Benningfeld. "Un juez actuará en todo momento de manera tal que promueva la confianza pública en la independencia, integridad e imparcialidad del poder judicial y evitará la impropiedad y la apariencia de impropiedad", indica la misiva enviada al magistrado el lunes.
Al intentar defender su posición ante la opinión pública, el juez dijo que pretendía que los condenados fueran responsables de sus actos y que no involucraran a sus hijos pequeños en sus malas decisiones. "Espero alentarlos a asumir la responsabilidad personal y darles la oportunidad, cuando salgan, de no cargar con niños. Esto les da la oportunidad de ponerse de pie y hacer algo por sí mismos", había señalado tiempo atrás en declaraciones a NewsChannel 5.
Ahora, algunos de los sentenciados y que adhirieron a la idea de Benningfield quieren que el magistrado sea apartado de su cargo. Creen que sus derechos fueron violentados y pretenden que el Comité de Conducta haga algo más que una simple reprimenda, que ya de por sí es grave. "Dada la gravedad de su inconducta, el hecho de que el Comité no recomendara su expulsión es difícil de entender", indicó Daniel Horwitz, representante legal de un grupo de convictos.
Tennessee, como el resto de los Estados Unidos, atraviesa una severa crisis de adicción a la heroína y los opioides, una de las principales causas de que los delitos -de acuerdo con el diario Tennessean- hayan crecido de manera sostenida en el último tiempo.
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