Corte Constitucional estudia petición para extender la vida de la Comisión de la Verdad

Aunque el mandato de la entidad es de tres años, una demanda pide no contar la duración de estado de emergencia decretado por el covid-19.

A meses de terminar su funcionamiento, la Corte Constitucional estudia una demanda que busca extender el mandato de la Comisión de la Verdad, creada en el 2017 como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, “para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo, además de ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad”.

La demanda presentada por los representantes legales de la Corporación Personas con Capacidades Diversas y de la Asociación de Víctimas Unidas por la Vida, de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes y por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), plantea que la pandemia por el coronavirus no ha permitido el buen funcionamiento de este organismo jurídico.

El aislamiento preventivo obligatorio declarado por el Gobierno nacional impidió que la Comisión trabajara como lo venía haciendo hasta ese momento (…) pues los investigadores que se desplazaban a las regiones para obtener los testimonios de las personas que quisieran participar en el esclarecimiento de la verdad se vieron en la imposibilidad de hacerlo”, se lee en el documento.

Así las cosas, la demanda solicita que no se tenga en cuenta el periodo transcurrido entre la declaratoria del estado de emergencia sanitaria establecido en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y la entrada en vigencia del Decreto 580 del 31 de mayo de 2021 donde concretó la reactivación económica segura.

Igualmente, el documento advierte que la pandemia ha “significado una barrera” para todo el proceso de entrevistas y recolección de testimonios, ya que no todas las personas cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para mantener una efectiva comunicación con los investigadores.

“Hay regiones donde la conectividad es de mala calidad y dado que no hay forma de garantizar la seguridad de los testimonios, las personas argumentan que virtualmente no pueden dar su testimonio por tratarse de asuntos de ‘altísima confidencialidad’”, dice la demanda.

Cabe resaltar que la demanda va dirigida puntualmente contra los artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017 “por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” que establecen que el periodo de la entidad será de tres años, lo que significa que se debería terminar en noviembre de este año.

“Estamos frente a un problema constitucional objetivo y trascendental, que es que en el plazo de tres años, dadas las restricciones impuestas por la pandemia, la CEV no podrá cumplir apropiadamente sus funciones, lo cual afecta el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad e implica una violación del Acto Legislativo No 2 de 2017″, dice el texto.

Así mismo, la demanda asegura que la Corte Constitucional, puede volver a pronunciarse sobre esos artículos, así ya los haya examinado, ya que este es un problema diferente: “La Corte nunca analizó si el plazo de tres años era razonable en caso de que ocurriera un hecho de las dimensiones y la trascendencia de la pandemia que pudiera afectar tan gravemente el funcionamiento de la CEV”.

La demanda sostiene que de no prolongar la vida de la Comisión de la Verdad “se estaría violando el Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc”.

“Una interpretación literal de la disposición, que desconozca el efecto de la pandemia en la operación de la Comisión, desconoce el Acto Legislativo 02 de 2017 y viola el derecho fundamental a la verdad de las víctimas del conflicto armado”, dice la demanda.

El caso está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar quien admitió la demanda y solicitó conceptos al respecto al presidente de la República, al ministro del Interior, al Alto Comisionado para la Paz, a la Comisión de la Verdad, a facultades de derecho de diez universidades, al Observatorio Distrital de Víctimas, al Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, a la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, al Centro de Memoria Histórica y a los expertos Helena Ambrosí, Humberto de la Calle, Martha Nubia Abello, Rodrigo Uprimy y Camila de Gamboa Tapias.

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