El miércoles pasado, el Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Congreso su Plan de Reconstrucción Nacional, la madre de la batallas legislativas de su gestión este año. Sin embargo, esta “ley miscelánea” que agrupa 43 medidas de diversa índole no es la única iniciativa que el Ejecutivo tiene contemplado, pues ya alista otros tres proyectos de ley que espera presentar en este primer semestre.
El primero de ellos está orientado al tema de la migración y establece, entre otros ítems, elevar las penas para los llamados “burreros” o personas que ayuden a pasar migrantes en situación irregular al país.
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La segunda iniciativa es sobre incivilidades en las manifestaciones y apunta a crear un Registro Nacional de Vándalos, tal como lo indicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.
“El compromiso que tenía Ministerio de Seguridad dentro de sus primeros 90 días era el avance en una Ley de Incivilidades, que esperamos que precisamente pronto pueda ser ingresada y tiene por objeto incorporar esas situaciones que no son un delito grave o que no son un delito propiamente tal, sino más bien una falta menor que pudiera hoy día considerarse penal”, señaló en conversación con el noticiero 24 Horas.
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Quintana detalló que el Gobierno busca que este tipo de situaciones puedan ser “sancionadas ojalá en el área de los juzgados de policía local y permita que esas personas puedan ser ingresadas con posterioridad al Registro de Vándalos”.
Test de drogas
El tercer proyecto es uno que ya había adelantado el presidente Kast cuando se hizo un examen de drogas, hace tres semanas, y dice relación con ampliar dicho test a parlamentarios, funcionarios públicos, candidatos y hasta a los presidentes de los partidos políticos.
“Una cosa es el decreto y otro es el proyecto de ley, que amplía esta solicitud de examen para determinar el consumo de drogas en quienes ejercen el poder público (...) nosotros queremos que quien ejerza el mando de la nación tenga las mismas obligaciones que tiene un ministro, un subsecretario, cualquier funcionario público”.
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De acuerdo al mandatario, el proyecto incluirá a todos “quienes ejercen cargo de alta responsabilidad pública, como son los gobernadores, los alcaldes, los y las concejales, senadores y diputados”, e incluso a los dirigentes de los distintos partidos políticos.
Ello, puesto que según Kast, “creemos que cualquier partido político que tenga representación parlamentaria y reciba fondos públicos (...) también debe acreditar que no tiene dependencia o que no está sujeto de algún tipo de incentivo o de situación compleja con el narcotráfico y con el crimen organizado”.
Finalmente, la iniciativa busca también que cualquier persona que postule a un cargo de representación popular esté obligado a presentar un test de drogas con resultado negativo.
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