Los fiscales y la defensa del uruguayo Sebastián Marset renunciaron este miércoles a acogerse a un juicio rápido en Estados Unidos, una decisión que derivó en la postergación de su audiencia judicial hasta el próximo 20 de mayo.
La determinación fue asumida en una audiencia realizada en el Tribunal de Distrito Este de Virginia, donde tanto la defensa como la Fiscalía coincidieron en dejar sin efecto el procedimiento abreviado. Con esta determinación, el caso ingresa a una etapa más amplia que permitirá a los investigadores profundizar en la recolección de pruebas y avanzar en nuevas líneas de indagación.
El Ministerio Público estadounidense advirtió que la ampliación de plazos podría dar lugar a la presentación de cargos adicionales contra Marset, de 34 años, quien ya enfrenta acusaciones relacionadas con lavado de dinero en el sistema financiero internacional.
El anuncio tiene relevancia porque implicaría que el uruguayo podría ser acusado de tráfico de drogas y enfrentar penas mayores a las que tendría por los cargos actuales. Si bien la acusación en curso menciona repetidamente la actividad de narcotráfico, no lo acusa por este delito.
En la audiencia del miércoles, el juez Rossie D. Alston Jr. explicó al acusado que, con los cargos actuales, se enfrenta a 20 años de cárcel, seguidos de tres años de libertad supervisada, si es condenado por conspiración para cometer lavado de dinero. También podría ser multado con no menos de medio millón de dólares, según informó el periodista Kevin Hall, de la organización periodística internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project.
Marset fue detenido en un operativo la madrugada del 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, e inmediatamente entregado a las autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y trasladado a Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares por su captura.
El uruguayo llegó a Bolivia en 2022 con una identidad falsa y logró regularizar su estadía en el país, que luego se convirtió en la base de sus actividades criminales, según las autoridades bolivianas. En julio de 2023 logró escapar de un operativo de captura y meses más tarde reveló, a través de una entrevista en la clandestinidad, que fue alertado sobre el inminente allanamiento de su domicilio y que algunos funcionarios del Gobierno boliviano estaban implicados en la fuga.
Desde entonces se encontraba prófugo de la justicia, pero su permanencia en Bolivia era un secreto a voces. La Fiscalía lo señaló como líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, con operaciones en varios países de Suramérica y presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado.
Por estos hechos, fue requerido por organismos internacionales y autoridades de Uruguay, Brasil, Bolivia, Estados Unidos y Paraguay, donde además enfrenta cargos por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022.
En mayo de 2025, la DEA lo incluyó entre los fugitivos más buscados y pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades en febrero de este año, tras confirmarse la muerte de alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Tras su captura, los operativos y allanamientos para desarticular su red criminal en Bolivia continúan y al menos 15 personas presuntamente vinculadas a la organización han sido detenidas, entre ellas Tatiana M., familiar del uruguayo.
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