El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast frenó la regularización de 182.000 migrantes en Chile, impulsada por la anterior administración del izquierdista Gabriel Boric, y se prepara para presentar al Congreso dos proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados.
Kast asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo, con la promesa de imponer “mano dura” contra la migración irregular. El mandatario asocia un incremento de la delincuencia con la llegada de indocumentados al país en los años recientes.
Según un comunicado enviado a la AFP, el gobierno del presidente Boric había dejado listo un decreto para regularizar a unas 182.000 personas que participaron de un proceso de empadronamiento de migrantes que ingresaron de manera irregular al país.
“No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric”, aseguró el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum.
La anterior administración impulsó ese proceso voluntario con el fin de conocer la identidad de migrantes que ingresaron por pasos no autorizados.
La autoridad agregó que “afortunadamente” el decreto “no se llevó a cabo porque hoy día nos hemos enterado que 6.000 personas de las 182.000 ya cometieron un delito”.
Kast prometió promover la expulsión de los casi 337.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven actualmente en Chile, de acuerdo a cifras oficiales.
“Toda esta situación genera muchísima incertidumbre”, dijo a la AFP, Freymar Márquez, una ama de casa venezolana, de 30 años.
“Si están negando la regularización a esas personas que se empadronaron qué quedara para las personas que no tienen el enrolamiento”, agregó.
Barreras
Kast dijo a la prensa este lunes que en los últimos años “Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado”.
Aunque los asesinatos y secuestros aumentaron y han llegado al país bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua, Chile es todavía uno de los países más seguros de la región. La tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, una de las más bajas de Latinoamérica.
El mandatario hizo del combate a la migración irregular y el crimen sus principales su principal bandera durante la campaña electoral.
Al tomar posesión, dijo que impondría un “gobierno de emergencia” para enfrentar ambos fenómenos.
Cinco días después de asumir, viajó hasta la región de Arica, en la frontera con Perú, para supervisar la construcción de barreras contra el ingreso de inmigrantes en las tres regiones del norte del país y dio un plazo de 90 días para terminarlas.
Además anunció que se ampliará el número de militares desplegados y mejorarán sus tecnologías de supervisión, que incluye drones, cámaras, sensores y equipamiento especializado.
También enviará al parlamento dos proyectos de ley destinados a frenar la migración: uno para sancionar a quienes ayuden a los migrantes a ingresar irregularmente a Chile, y otro que convertiría en delito el acceso ilegal al país.
Sin embargo, descartó redadas masivas. “No queremos hacer una persecución lugar por lugar. Pero cada una de las personas sabe que tiene que encontrarse con el Estado en algún momento”, advirtió Kast en una entrevista en Canal 13.
(AFP)
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