La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Stanziola, anunció la firma del Acuerdo N.° 69 de 2026, mediante el cual el Pleno reconoce el carácter permanente a servidores judiciales que han ocupado cargos interinos por dos años o más dentro del Órgano Judicial.
La decisión representa un paso institucional que busca reducir la incertidumbre laboral, fortalecer la estabilidad administrativa y reconocer la trayectoria de funcionarios que durante años han sostenido el funcionamiento del sistema de justicia en condición provisional.
Durante un mensaje dirigido a servidores judiciales, Chen Stanziola destacó que la medida responde a una deuda institucional con trabajadores que han asumido responsabilidades permanentes sin contar con estabilidad formal, pese a cumplir funciones esenciales en la tramitación de procesos, ejecución de decisiones y atención al usuario judicial.
La presidenta subrayó que el reconocimiento no es únicamente una decisión administrativa, sino un acto de coherencia institucional y de respeto a la dignidad laboral.
El acuerdo establece que serán beneficiados aquellos funcionarios que hayan ocupado de forma continua, por dos años o más, un cargo interino con sueldo fijo dentro de la estructura del Órgano Judicial, lo que implica la formalización de su condición laboral y el acceso a estabilidad dentro de la carrera judicial.
La medida busca cerrar un esquema de interinidad prolongada que, según el propio Órgano Judicial, se había convertido en una práctica recurrente en distintas dependencias.
Chen Stanziola señaló que el reconocimiento de la permanencia envía un mensaje claro de que la experiencia, la constancia y el compromiso profesional son valores que la institución debe premiar, en un contexto donde el desempeño de los servidores judiciales resulta determinante para garantizar el acceso oportuno a la justicia.
La presidenta enfatizó que detrás de cada funcionario existe una historia personal y familiar que merece respeto y certeza laboral.
El anuncio también incluyó una reflexión sobre el papel del servidor judicial en la administración de justicia. La magistrada afirmó que estos funcionarios constituyen el soporte operativo del sistema judicial, al garantizar que los expedientes avancen, las resoluciones se ejecuten y los servicios se presten con continuidad.
El reconocimiento de la permanencia, añadió, fortalece la institucionalidad al consolidar equipos de trabajo con experiencia acumulada.
En el plano institucional, la presidenta reiteró que la independencia e imparcialidad judicial continúan siendo pilares esenciales del Estado de derecho, pero advirtió que esa independencia no puede interpretarse como desconexión frente a la realidad administrativa y laboral del sistema.
Según Chen Stanziola, el país demanda decisiones responsables, sometidas a la Constitución y la ley, que garanticen igualdad de condiciones sin privilegios ni exclusiones.
El acuerdo forma parte de un proceso más amplio de autorreforma del Órgano Judicial. La presidenta anunció que el Consejo de la Carrera Judicial revisa actualmente las reglas de ascenso y estabilidad de los servidores, con el objetivo de fortalecer la meritocracia y la transparencia en los procesos de selección y promoción.
Asimismo, reiteró el compromiso de mantener concursos públicos con reglas claras que premien la excelencia y la trayectoria profesional.
La medida se produce en un contexto de modernización institucional y de presión sobre el sistema de justicia para mejorar su eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta.
El Órgano Judicial cuenta para 2026 con un presupuesto aproximado de $350 millones, recursos destinados a la operación administrativa, la digitalización de procesos, la infraestructura judicial y el fortalecimiento del talento humano.
Dentro de ese marco, la estabilidad laboral se perfila como un factor clave para mejorar la continuidad del servicio y la calidad de la gestión judicial.
Chen Stanziola destacó que la permanencia de servidores judiciales contribuye a consolidar una justicia centrada en la persona y orientada a la protección de los derechos fundamentales, principio que definió como eje de la transformación institucional.
La presidenta afirmó que la autorreforma judicial implica capacidad de autocrítica, evaluación constante y disposición al cambio para responder a las exigencias del país.
La firma del acuerdo también busca enviar un mensaje hacia la ciudadanía. La magistrada reiteró el compromiso del Órgano Judicial con una justicia independiente, imparcial y garante de derechos, señalando que el fortalecimiento interno de la institución es condición necesaria para mejorar la confianza pública en el sistema.
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