Un juez en Bolivia emitió el jueves una orden de arresto contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del ex presidente Luis Arce, tras su incomparecencia ante el tribunal que evaluaba la imposición de medidas cautelares por un presunto delito de enriquecimiento ilícito vinculado a la compra de varios inmuebles.
Arce Mosqueira no acudió a la audiencia prevista, motivo por el cual fue declarado en rebeldía y se ordenó su detención, tal como había solicitado la Fiscalía. Las autoridades señalaron que, de haber salido del país, lo habría hecho de manera irregular.
El hijo menor del ex mandatario boliviano permanece en prisión preventiva desde el 12 de diciembre, enfrentando cargos por fraude. Además, es investigado por la adquisición de inmuebles y vehículos de alto valor, así como por el ingreso de grandes sumas de dinero, según reportan medios locales.
El fiscal Miguel Cardozo afirmó: “No se tiene ningún registro de que haya tenido una fuente laboral u otra empresa donde genere estos recursos económicos, para la compra de estos bienes inmuebles de esa magnitud”.
Las primeras investigaciones contra Rafael Arce Mosqueira se iniciaron tras hacerse pública la adquisición de un terreno en Santa Cruz valuado en USD 3 millones. Posteriormente, en 2025, se detectaron movimientos de dinero considerados sospechosos, incluyendo compras de bienes de alto valor, anticipos de herencia a su hijo y retiros significativos de efectivo entre enero y agosto de ese año.
Las autoridades determinaron que los bienes y operaciones económicas de Arce Mosqueira no son compatibles con sus ingresos declarados. Entre sus propiedades figuran un departamento tipo penthouse en La Paz valuado en USD 499.000, dos vehículos de lujo, otros inmuebles en Santa Cruz y un predio productivo.
Como parte de las diligencias, se procedió al allanamiento de un departamento de lujo en Santa Cruz y, hasta el 15 de enero de este año, se congelaron las cuentas bancarias de Arce Mosqueira y se han registrado preventivamente sus bienes, mientras continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
“Lo que la población espera es que podamos recuperar esos bienes y estamos activando todos los procedimientos para las medidas cautelares, también, de carácter real. Esos bienes tienen que ser anotados a favor del Estado; esos bienes, que han sido objeto o consecuencia de la corrupción, tienen que volver al patrimonio de los bolivianos”, señaló el viceministro de Transparencia, Yamil García, según reportó Brújula Digital.
Por su parte, el ex presidente Luis Arce permanece en prisión preventiva desde el pasado 12 de diciembre, un mes después de la asunción de Rodrigo Paz, quien puso fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que sufrió una contundente derrota en las últimas elecciones.
Arce enfrenta una investigación por su presunta implicación en el desfalco millonario ocurrido entre 2010 y 2014 en el Fondo Indígena, un programa creado para destinar el 5% de la recaudación de los impuestos a los hidrocarburos a proyectos de desarrollo rural y áreas indígenas.
(Con información de Europa Press)
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