
El ex presidente de Bolivia Luis Arce cumple desde este martes su detención preventiva en una celda compartida de la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde permanecerá durante los cinco meses ordenados por un juez mientras avanza una investigación por presunta corrupción vinculada a su gestión como ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales.
La Dirección Departamental de Régimen Penitenciario confirmó que Arce fue trasladado desde una celda individual a un espacio compartido, a pedido del propio ex mandatario, con el argumento de preservar su estado de salud. El director de la entidad en La Paz, Bryan López, indicó que el ex jefe de Estado “se encuentra estable” y que el cambio respondió a criterios médicos y de bienestar.
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Arce comparte ahora la celda con otro interno con el que mantiene una relación de amistad, en el sector conocido como “La Posta”, reservado para personas privadas de libertad sin sentencia firme. Este pabellón se encuentra dentro del penal de San Pedro, ubicado en el centro histórico de la capital boliviana.
Según Régimen Penitenciario, el ex mandatario recibió en los últimos días atención médica, psicológica, legal y de trabajo social. Arce fue diagnosticado con cáncer hace algunos años y continúa bajo controles periódicos, un antecedente que ha sido considerado por las autoridades penitenciarias en la evaluación de sus condiciones de reclusión.
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El organismo señaló además que Arce puede recibir visitas en los horarios establecidos para el resto de los internos y que tiene garantizado el acceso a su defensa legal en cualquier momento que lo requiera, sin restricciones adicionales por su condición de expresidente.
En paralelo, este martes se informó que un “equipo de apoyo” externo asumirá la gestión de las redes sociales de Arce durante su reclusión. En un mensaje publicado en sus cuentas oficiales de X y Facebook, se indicó que el objetivo es difundir sus opiniones sobre asuntos nacionales e internacionales y mantener informada a la población mientras permanezca detenido.
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El comunicado atribuye la situación judicial del ex mandatario a una “persecución política” y sostiene que se ha vulnerado el debido proceso. Arce, que dejó la Presidencia el pasado 8 de noviembre, ha reiterado públicamente que es “absolutamente inocente” y que su encarcelamiento responde a motivaciones políticas.
La detención preventiva fue ejecutada el viernes pasado, tras la imputación del Ministerio Público por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía sostiene que, cuando Arce era ministro de Economía, autorizó desembolsos de un fondo destinado a proyectos indígenas hacia cuentas particulares de dirigentes sociales, para iniciativas que no se ejecutaron o se realizaron solo de forma parcial.
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El actual Gobierno de Rodrigo Paz rechazó el fin de semana que el caso tenga un trasfondo político, luego de que Venezuela y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresaran su respaldo al ex mandatario y cuestionaran su detención. El Ejecutivo boliviano defendió la actuación de la justicia ordinaria y negó cualquier injerencia política en el proceso.
Para este miércoles está prevista una audiencia clave en la que se analizará un incidente de excepción de incompetencia presentado por la defensa de Arce. Sus abogados buscan que el caso sea tratado bajo la figura de juicio de responsabilidades, al considerar que los hechos investigados involucran a un expresidente.
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La Fiscalía, sin embargo, ha insistido en que las acciones investigadas corresponden a la etapa en la que Arce se desempeñaba como ministro y no como jefe de Estado, por lo que —según el Ministerio Público— el proceso debe seguir en la vía ordinaria. La decisión judicial sobre este punto marcará el curso del caso y el alcance político de un proceso que ya ha tensado el escenario interno boliviano.
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