Uruguay es el país con más armas de fuego por habitante de la región y registra uno de los mayores consumos de drogas

Un informe presentado por el Ministerio del Interior muestra que hay una expansión de redes delictivas autónomas y que crecen los mercados ilegales

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Preocupa la alta tasa de tenencia de armas en Uruguay (@LeoPedrouza)
Preocupa la alta tasa de tenencia de armas en Uruguay (@LeoPedrouza)

El gobierno uruguayo ha trazado una hoja de ruta para realizar un plan de seguridad, que se comenzará a aplicar en 2026. Este proceso inició con un diagnóstico que muestra que el país está en problemas: enfrenta un escenario de criminalidad y violencia complejo, que está en transformación. El desafío, entonces, es atacar el avance del crimen organizado.

El diagnóstico que presentó el Ministerio del Interior concluye que hay “síntomas claros de expansión de redes delictivas autónomas y de mercados ilegales en crecimiento”. Fue en este contexto que esa cartera presentó un nuevo informe, elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada , que revela datos vinculados a armas de fuego y el consumo de drogas, la percepción ciudadana de la seguridad y la respuesta penal. Los resultados de este documento fueron informados por el diario uruguayo El País.

De acuerdo a los datos presentados, Uruguay es el país con una mayor cantidad de armas de fuego por cantidad de habitantes y tiene una de las tasas más altas de consumo de drogas ilegales en América Latina y el Caribe.

Policía Uruguay - Operación Jilguero

El número de armas de fuego que, al cierre de 2024, estaban legalmente registradas eran 617.327 (unas 17,5 cada 100 habitantes). Pero, según una estimación de la organización Small Arms Survey en 2018 había 34,7 armas de fuego tantas registradas como ilegales por cada 100 habitantes. El dato de esta firma es citada en el informe, aunque luego se asegura que “carece de la robustez metodológica necesaria”.

La preocupación del gobierno uruguayo está dada tanto por la cantidad de armas que hay en el país, como por el impacto que tienen en los episodios violentos. En 2013, por ejemplo, hubo 453 denuncias por delitos vinculados a armas de fuego. En 2024, en tanto, el número creció a 1.826, un aumento del 300%, según las cifras consignadas por El País.

El departamento de Durazno –en el centro del país– es el que registra la tasa más alta de delitos de armas. En este lugar se ha vivido una escalada de violencia en los últimos años producto de los conflictos entre grupos criminales locales. Ante este escenario, el Ministerio del Interior debió establecer un destacamento fijo de la fuerza especial de la Guardia Republicana.

Una arma incautada a El Pelón, un asesino serial de Uruguay
Una arma incautada a El Pelón, un asesino serial de Uruguay

En cuanto a las víctimas, los hombres casi duplican a las mujeres. En su mayoría, tienen entre 18 y 28 años.

El informe presentado por el Ministerio del Interior también refiere al consumo de drogas. La sustancia más consumida en 2024 fue el alcohol, en línea con lo que sucede históricamente. El 89% de las personas entre 15 y 65 años declaró haber consumido alcohol alguna vez. Y más de la mitad en los 30 días previos a la encuesta.

La edad a la que empezaron a consumir es de 17 años, mientras que son 106.000 las que tienen un consumo riesgoso.

Con respecto al cannabis, una de cada tres personas dijeron haberlo consumido. La edad promedio de comienzo de consumo es de 20 años. El consumo de la cocaína es aún menor: un 8,4% dijo haber consumido alguna vez. Sin embargo, si se considera el consumo problemático, el 35% de los que dijeron haber consumido en el último año tienen algún problema.

El Ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
El Ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Otra droga en la que hace hincapié el informe es en la pasta base. El número de adictos, según las cifras oficiales, ha caído en el último tiempo. Esta droga es una característica de “una situación de vulnerabilidad extrema, vinculada a contextos de exclusión social, precariedad habitacional, experiencias de institucionalización y contacto frecuente con servicios de salud, refugios o el sistema penal”.

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