El ataque al Comando de Policía de Otavalo, en la provincia de Imbabura, al norte de Quito, se convirtió en uno de los hechos más graves registrados durante la jornada de paro nacional del 22 de septiembre de 2025. La violencia desatada dejó como saldo dos uniformados heridos, destrozos materiales significativos en la sede policial y la captura de varias personas señaladas por las autoridades de haber protagonizado el asalto. El Ministerio del Interior informó que, en una primera fase, 20 personas fueron detenidas, entre ellas dos ciudadanos extranjeros, quienes, de acuerdo con el ministro John Reimberg, podrían tener vínculos con el Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano catalogada como terrorista en Ecuador y Estados Unidos.
La Policía Nacional explicó en un comunicado que alrededor de 1.000 manifestantes se concentraron en el centro de Otavalo y arremetieron contra las instalaciones del comando policial. Según la institución, los atacantes actuaron con acciones que calificó de “terroristas”, lanzando objetos, incendiando vehículos particulares y oficiales, y poniendo en riesgo la integridad de los agentes que se encontraban dentro. Dos de ellos resultaron con heridas, mientras que el edificio registró daños graves en su infraestructura, puertas y ventanas. Videos difundidos en redes sociales mostraron motocicletas y automóviles envueltos en llamas, lo que obligó al Cuerpo de Bomberos a intervenir para sofocar los incendios.
El ministro Reimberg fue enfático en redes sociales al advertir que quienes atenten contra el Estado serán procesados bajo cargos de terrorismo. En un mensaje en la plataforma X, identificó a los extranjeros detenidos como William Andrés R.L. y Jonathan Bernin A.A., sin dar mayores detalles sobre su situación migratoria. Más tarde, en declaraciones a medios nacionales, agregó que ambos serían de nacionalidad venezolana y que “aparentemente son del Tren de Aragua”. Esta afirmación, que coloca al grupo criminal transnacional en el centro de los disturbios, marcó un giro delicado en el relato oficial sobre lo ocurrido, vinculando la protesta social con estructuras delictivas organizadas.
La Policía, por su parte, rechazó los hechos de violencia y calificó el asalto al comando como un intento deliberado de generar caos. “Estos actos terroristas pretenden sembrar el terror en la comunidad, atentan contra la seguridad de la ciudadanía y ponen en riesgo el orden público”, señaló la institución. También hizo un llamado a la calma y al diálogo como única vía legítima para expresar demandas y resolver conflictos. El pronunciamiento se produjo en un contexto de tensión nacional marcado por la eliminación del subsidio al diésel, medida que detonó protestas en varias provincias, aunque de forma focalizada y con menor alcance que movilizaciones anteriores.
Durante la noche del mismo día, Reimberg amplió la cifra de detenidos a más de 50 a nivel nacional. De acuerdo con su versión, en Otavalo se concentró el operativo más fuerte, con la captura de 20 personas, incluidas las dos que, según las autoridades, pertenecerían al Tren de Aragua. El funcionario insistió en que el Gobierno no permitirá que unos pocos individuos siembren caos bajo el pretexto de la protesta social. En sus palabras, la defensa del orden interno y la seguridad ciudadana exige sanciones firmes para los responsables.
El ataque se convirtió en un punto de inflexión dentro del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros sectores sociales. Aunque las movilizaciones se registraron en distintos puntos del país, la magnitud de la violencia en Otavalo desvió la atención hacia la presencia de grupos supuestamente vinculados al crimen organizado en medio de las protestas.
El Gobierno de Daniel Noboa, que ha insistido en que el descontento fue limitado, enfrenta ahora el desafío de contener la percepción de que la protesta social está siendo criminalizada y evitar que las actuales manifestaciones escalen en intensidad y violencia como sucedió en octubre de 2019 y en junio de 2022.
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