Sube el robo de autos en el norte de Chile: un candidato boliviano había prometido legalizarlos

El robo de vehículos en el norte de Chile se incrementó en un 185% en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Sistema Táctico de Operación Policial recogidos por el portal Soy Chile.

Según datos oficiales, en la semana del 11 al 17 de agosto se registraron 20 denuncias de robo, frente a las 7 reportadas en el mismo periodo en 2024, lo que representa un incremento del 185,7%. En tanto, la cifra acumulada entre enero y julio, muestra que hubo 619 robos de vehículos, mientras que en el pasado año fueron 393 en el mismo periodo, lo que representa un aumento del 57,5%.

Este incremento ha encendido las alarmas de las autoridades locales, que observan con preocupación cómo el delito vehicular se convierte en una amenaza creciente en las ciudades norteñas de Arica y Parinacota, principalmente.

Según el portal de noticias El Mostrador, el incremento del robo de vehículos está relacionado con la promesa del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz de regularizar los autos de contrabando, en una acción que considera “efecto llamada” para la comisión del delito.

“Parece que fuera un pecado tener un auto ‘chuto’ en Bolivia, cuando todo el mundo lo tiene (…) Los vamos a legalizar, porque negarlo sería un grave error”, afirmó el candidato que se impuso en la primera vuelta con el 32% de los votos y disputará el balotaje con Jorge Quiroga (26,7%) el próximo 19 de octubre.

Paz apuntó directamente a los carabineros chilenos, sugiriendo que podrían estar involucrados en el robo de automóviles que terminan en Bolivia: “¿No serán ellos los ladrones, que están robando y poniendo esos productos en Bolivia?”, manifestó.

Estas declaraciones fueron rechazadas en Chile. Desde La Moneda, se calificó la medida de un “incentivo para la comisión de ilícitos”.

“Establecer alguna forma de legalización es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos, en Chile, fuera de Chile, donde sea”, señaló el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, en una entrevista a la prensa local. En tanto, el presidente del Senado, José Manuel Ossandón, las calificó como “inaceptables” y llamó al Gobierno a presentar una nota diplomática exigiendo explicaciones.

“Que el candidato a la Presidencia de Bolivia Rodrigo Paz acuse a la Policía chilena de robar autos es inaceptable, los policías y carabineros son gente honesta”, replicó Ossadón.

Por otro lado, el candidato a diputado por la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) en los comicios legislativos de noviembre por la región de Arica, Sebastián Huerta, rechazó la propuesta y sugirió que “si Bolivia toma esta acción, Chile debe quitarle el visado Mercosur porque no puede “entregarle beneficios a un país que busca legalizar lo que ha sido robado” en otro país.

En respuesta a las críticas, el polémico candidato boliviano invitó a conocer su propuesta contra la corrupción y “contra aquellos que roban coches, más bien para transparentar todos los coches que hay en Bolivia, para identificar de qué manera funcionan y dónde funcionan", manifestó Paz en un video publicado en redes sociales y pidió no caer en la “guerra sucia”.

Los vehículos “chutos” son aquellos que ingresan de manera ilegal al Bolivia y se comercializan en ferias del área rural, se presume que la mayoría fueron robados. Al ser ilegales, no existe un registro que contabilice cuántos circulan en el país y tampoco generan tributos. La Cámara Automotriz de Bolivia estimó en junio de 2024 que había un millón de estos autos en el país.

Esta controversia ha renovado las tensiones entre Chile y Bolivia. Ambos países no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978, debido al reclamo boliviana del acceso soberano al océano Pacífico, perdido en una guerra librada a finales del siglo XIX.

Las relaciones se tensaron cuando en 2013 Bolivia llevó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya su demanda marítima para que Chile negociara de buena fe el acceso soberano al mar, un reclamo que finalizó en 2018, cuando la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con su vecino.

Sin embargo, a pesar del distanciamiento diplomático, los dos países mantienen una agenda de coordinación principalmente en cuanto al control migratorio y la seguridad fronteriza.