El Supremo Tribunal Federal de Brasil comienza este martes la deliberación del juicio por conspiración golpista contra el ex mandatario Jair Bolsonaro, acusado de intentar revertir su derrota electoral en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
El proceso, que involucra también a siete ex ministros y ex generales, representa un hecho sin precedentes en la historia contemporánea del país y tiene como telón de fondo la división política interna y la atención de grandes potencias, especialmente de Estados Unidos.
Bolsonaro, de 70 años y sometido a arresto domiciliario, podría recibir una condena de hasta 43 años de prisión si es hallado culpable de los cinco cargos que enfrenta. Aunque no estará presente en la sala, según confirmó su abogado Celso Vilardi, el ex mandatario seguirá las instancias del juicio desde su residencia. La defensa insiste, como ha declarado ante la prensa, en que “Bolsonaro no tiene ninguna responsabilidad penal” y sostiene que es víctima de persecución política.
Para los fiscales, el caso se centra en la acusación de que Bolsonaro lideró una “organización criminal” destinada a evitar la asunción de Lula por la vía de la desestabilización institucional y el fomento de la desconfianza pública en el sistema electoral. Entre los elementos expuestos está la campaña sostenida de deslegitimación del voto electrónico, así como la supuesta organización de un plan para declarar un estado de emergencia, forzar nuevas elecciones y, según la denuncia, hasta contemplar la eliminación de figuras como Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, máxima autoridad del caso.
El clima de máxima tensión se evidencia en la seguridad desplegada en Brasilia, donde los jueces del Supremo decidirán el destino de Bolsonaro a puerta cerrada y con vigilancia reforzada tras los episodios del 8 de enero de 2023. Aquel día, centenares de simpatizantes radicalizados del ex gobernante invadieron el palacio presidencial, el Congreso y la sede del propio tribunal, exigiendo la intervención militar para deponer a Lula, pocos días después de su investidura. La fiscalía sostiene que, aunque Bolsonaro se hallaba en Estados Unidos, su rol como incitador de aquellas acciones es central en la trama acusatoria.
La sesión comenzará con un resumen de pruebas a cargo del juez Alexandre de Moraes, seguido de los alegatos finales de acusación y defensa. El voto de los cinco magistrados del tribunal está programado para la próxima semana y requerirá de, al menos, tres votos para sellar una eventual condena. Según fuentes políticas y jurídicas, el resultado del proceso será conocido antes del 12 de septiembre.
El impacto del juicio sobrepasa las fronteras de Brasil. El presidente Donald Trump ha descrito el proceso como una “caza de brujas” y criticó fuertemente tanto al sistema judicial brasileño como a la figura de Moraes, recientemente blanco de sanciones por parte del Departamento del Tesoro estadounidense. La postura de Trump ha sido adoptada por sectores del bolsonarismo, que consideran que la presión internacional podría favorecer al exmandatario.
Sin embargo, la investigación judicial ha contado con el respaldo de organismos internacionales y voces de la sociedad civil brasileña, que subrayan la importancia de que la justicia esclarezca los hechos que pusieron a prueba la democracia brasileña a 40 años del fin de la dictadura militar. Según declaraciones a medios locales de simpatizantes de Lula, “el juicio de Bolsonaro sirve como advertencia para quienes amenacen la legalidad y el orden institucional”.
El juicio podría marcar el futuro político de Bolsonaro, quien aspira a un posible regreso al poder imitando la estrategia de líderes como Trump. Si es condenado, su candidatura estaría en duda, ya que —además de la prisión— una sentencia firme lo inhabilitaría para competir por cargos públicos.
Aun así, sus aliados consideran la condena casi segura y concentran sus esfuerzos en que el Congreso avance en una ley de amnistía para evitar que una condena lo lleve a prisión. Si esta opción prospera, una eventual condena sería revisada por el pleno del Supremo, extendiendo la batalla judicial y política durante meses.
El desarrollo de este caso será observado de cerca dentro y fuera de Brasil, en un momento en que el país busca consolidar sus instituciones y responder al desafío de preservar el orden democrático tras un ciclo de polarización política extrema.
(Con información de AFP)
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