La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este miércoles una reforma parcial a la Constitución para crear la Procuraduría General de Justicia con el fin de “combatir la corrupción”.
La iniciativa, propuesta por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobada de forma expedita por los 91 diputados que integran el Parlamento, controlado por los sandinistas y sus aliados.
“Con la consigna de ‘Todos contra la corrupción, la Copresidencia de la República ha orientado la creación de una Procuraduría General de Justicia que, en conjunto con las instituciones correspondientes, identifique, persiga, procese y penalice, castigando firmemente, sin ninguna consideración que pretenda disminuir el vicio evidente de los corruptos, de manera que todos estos actos sean implacablemente, y cotidianamente, perseguidos, identificados, procesados y penados”, indicó la dictadura en su exposición de motivos.
La Procuraduría General de Justicia, que ejercerá la representación legal y de defensa de los intereses supremos del Estado y del pueblo nicaragüense, estará integrada por todos los órganos de la actual Procuraduría General de la República, incorpora el Ministerio Público “y otros organismos que cumplan funciones similares para garantizar el resguardo del patrimonio nacional del Estado y el pueblo nicaragüenses”, según la norma.
Será la instancia encargada de resguardar el patrimonio público “y combatir con contundencia, todas las formas de despojo de las conquistas de la revolución; ejerciendo la función acusadora con rigurosidad y en representación de las víctimas del delito, incluyendo las que aquejan a toda la humanidad, como el lavado de activos, narcotráfico y el crimen organizado”.
Además, identificará, perseguirá y procesará a todo responsable de actos lesivos al patrimonio económico, natural, cultural, material, político y jurídico del pueblo nicaragüense, “no permitiendo de ninguna manera el encubrimiento de intereses ajenos a nuestro pueblo, para cometer o seguir cometiendo infames actos de robo y saqueo”.
En su exposición de motivos, la dictadura sandinista aseguró que ha instruido a las instituciones pertinentes “a desatar acciones contundentes para perseguir, procesar y castigar cualquier forma de corrupción que atente contra los intereses de las familias y el pueblo nicaragüense”.
La Procuraduría General de Justicia no permitirá, “de ninguna manera, disfrazar o encubrir intereses ajenos a nuestro pueblo para cometer o seguir cometiendo infames actos de robo y saqueo del erario y los patrimonios del pueblo nicaragüense”, sostuvo la Copresidencia.
“Todo acto que vulnere nuestras leyes de probidad y atente contra los intereses supremos de la patria y el pueblo, será sancionado con las máximas penas establecidas en nuestros Códigos”, añadió.
Esa reforma parcial constitucional que crea la Procuraduría General de Justicia tendrá que ser aprobada en segunda legislatura el próximo año para que entre en vigor.
Desde 2018, la dictadura sandinista ha desplegado un aparato represivo sistemático que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, censura a la prensa y persecución a defensores de derechos humanos e indígenas. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de la fuerza letal contra manifestantes, la cancelación de más de 3.000 ONG, el cierre forzoso de universidades y la revocación masiva de nacionalidades. La reforma constitucional de 2025 consolidó esta represión al legalizar la confiscación de bienes, las deportaciones y el silenciamiento de cualquier voz disidente, mientras una red de vigilancia estatal identifica y neutraliza a opositores reales o percibidos.
Además, los pueblos indígenas enfrentan una violencia sistemática vinculada a la expansión minera y al avance de grupos armados en sus territorios, con más de 70 asesinatos reportados entre 2020 y 2024. Lejos de protegerlos, el Estado ha contribuido a su despojo mediante leyes represivas y omisión deliberada. La represión también ha alcanzado a periodistas, líderes religiosos y ciudadanos comunes, generando un exilio forzado de miles de nicaragüenses. Según expertos de la ONU, estas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, enmarcadas en una estrategia de control total del poder político, social y cultural en el país.
(Con información de EFE)
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